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José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC)Edición: Ángel Ruiz

Investigación

El 'tres' de Montero cobró de un empresario al que libró desde Hacienda de una multa de 64.000 € impuesta por Aduanas

José Antonio Marco Sanjuán facturó a través de una sociedad instrumental a una empresa a la que, justo antes, había eximido de una reclamación económica

El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, dependiente de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió dinero de una empresa del sector de los hidrocarburos justo después de anular a esta compañía una sanción de Aduanas que ascendía a 64.000 euros. Tal y como ha podido saber El Debate, Marco Sanjuán usó una sociedad instrumental de su propiedad para facturar a la empresa en concepto de asesoramiento nada más resolver a su favor la reclamación económica. Desde el Ministerio de Hacienda eluden aclarar a este periódico si conocían esta práctica de Marco Sanjuán que, según varios juristas, podría enmarcarse en un posible delito de cohecho.

Investment Betancunia SL, de la que es administrador Marco Sanjuán, envió dos facturas a Discomtes Valladolid SL. La primera, por un importe de 2.360 euros, fue emitida el 10 de enero de 2012 bajo el concepto «Curso operaciones». La segunda, por 2.420 euros, se emitió un año después, el 11 de enero de 2013, y en el concepto se anotó «Seminario declaración». En total, Marco Sanjuán recibió 4.780 euros de la empresa a la que, justo antes, le había anulado una sanción en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, que él presidía. Discomtes SL, la compañía que pagó al alto cargo de la administración pública, agrupa un conjunto de empresas dedicadas a la comercialización de gasóleos. Actualmente se denomina Discomtes Energía SL y recibe de manera habitual contratos y subvenciones públicas. Pertenece a los empresarios Rafael Alonso, Alfredo Isla y Rosa María del Caño.

Justo antes de los pagos, el Tribunal Económico Administrativo Regional estimó el recurso presentado por esta compañía contra una reclamación de 63.895,91 euros que le había impuesto la Dependencia Regional de Aduanas de la Agencia Tributaria. Al estimar la reclamación, Discomtes se libró del pago de la sanción. El número tres de Montero facturó a Discomtes Valladolid SL a través de Investment Betancunia SL, una sociedad instrumental de su propiedad que no dispone de medios personales ni materiales con los que poder ejercer cualquier tipo de actividad económica que utiliza no solo para facturar a empresas como ésta sino también para eludir el pago de impuestos en la adquisición de bienes personales como viviendas, un solar, plazas de garaje y un vehículo de alta gama. En la actualidad, el administrador de esta sociedad es Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal de Marco Sanjuán, que actúa como su testaferro.

Estos hechos ocurrieron durante la etapa de Marco Sanjuán como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, cargo que ocupó desde 2005 hasta que María Jesús Montero le nombró responsable a nivel nacional en 2018. De hecho, fue de los primeros nombramientos que el Gobierno aprobó poco después de llegar Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa. Según el organigrama del Ministerio de Hacienda, Marco Sanjuán depende de la Secretaría de Estado de Hacienda. Como presidente del TEAC, Marco Sanjuán tiene la responsabilidad de resolver las reclamaciones presentadas por empresas y ciudadanos contra liquidaciones de la Agencia Tributaria. Su cargo le otorga un papel clave en el sistema de control fiscal, ya que sus resoluciones pueden anular o modificar sanciones millonarias impuestas por Hacienda y establecer criterios administrativos.

Por lo tanto, cualquier posible interferencia, trato de favor o vínculo económico con las empresas cuyos casos resuelve no solo compromete su imparcialidad sino que pone en entredicho la integridad del sistema tributario en su conjunto además de las posibles responsabilidades penales. A comienzos de esta semana, Marco Sanjuán participó en Cáceres en unas jornadas sobre jurisprudencia tributaria. Fue ponente junto a José Antonio Montero, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Tribunal Supremo, y María Félix Tena Aragón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, entre otros altos cargos de la judicatura. Su intervención forma parte del programa del XIX Congreso Tributario, organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Este periódico se ha puesto en contacto con el propio Marco Sanjuán que, tras ser preguntado si alguna vez había recibido pagos de empresas a las que había beneficiado, ha contestado: «Es una bestialidad de pregunta. Es como si me preguntas si he matado a alguien alguna vez». Al insistir de nuevo respondió: «No». Su superior directo, Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda —con quien mantiene una estrecha relación de amistad— guarda silencio. Tras las múltiples irregularidades publicadas por El Debate el pasado mes de octubre sobre las prácticas llevadas a cabo por Marco Sanjuán a través de su sociedad instrumental —incluidas varias condenas judiciales por impagos en una red de salones inmobiliarios en los que tuvo participaciones societarias—, Ignacio Ruiz-Jarabo, expresidente de la Agencia Tributaria, declaró que estas revelaciones «están siendo devastadoras para la imagen pública y para la credibilidad de la Agencia tributaria y del Ministerio de Hacienda».

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