La jueza envía a prisión al ex número dos de Interior Francisco Martínez por participar en una red de ciberataques

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga a una presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados ha acordado enviar a prisión preventiva sin fianza al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al hacker José Luis Huertas 'Alcasec' hasta que queden aseguradas las bases de datos a las que presuntamente habría accedido la trama.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Martínez ha declarado durante 30 minutos y ha negado que se enriqueciera de la venta de datos y explicando que únicamente prestó asesoramiento legal.

Martínez fue detenido este martes junto al hacker José Luis Huertas 'Alcasec', al youtuber Álvaro Martín –arrestado en Andorra– y a Adrián Molina en una operación coordinada por la Audiencia Nacional.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, la Policía Nacional informó este miércoles de que la Operación Borraska se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.

«La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales», apuntaban los agentes en la nota.

Esta capacidad, añadían, «les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social».

Toda la operativa, sostiene la Policía, «estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad». Los investigadores aseguran que «la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas».

Entre las mismas se encontraban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.

«Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados», añadía la nota.