Fundado en 1910
Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia

Manuel Olmedo, secretario de Estado de JusticiaEuropa Press

Crisis Institucional

El 'dos' de Bolaños decepciona a las asociaciones judiciales y fiscales: el Gobierno no retirará su reforma del Poder Judicial

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, acudía al encuentro acompañado por Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y Verónica Ollé, directora General para el Servicio Público de Justicia

Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Fiscales (AF), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Unión Progresista de Fiscales (UPF), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- se sentaban ayer con el número dos del ministro de Justicia Félix Bolaños, para exigir al Gobierno la retirada del Proyecto de Ley con el que se reformarán, sin consenso y por la puerta de atrás, la Magistratura y el Ministerio Público en España.

Sin embargo, el resultado ha sido de profunda decepción para las entidades profesionales a las que, durante el encuentro mantenido hace unas horas, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, les trasladaba «de forma tajante que no se contempla la retirada» de la modificación normativa, «ni la supresión del denominado proceso extraordinario de estabilización» que permitirá al Ejecutivo inyectar más de 1.000 nuevos profesionales en el sistema, sin oposición.

«Parece claro que, en lo esencial, la postura del Ministerio es inamovible. No hay voluntad de retirar el proyecto, pero tampoco la hay de consenso y diálogo real, solo la de sacar lo que ya está en trámite, sin considerar esencialmente nuestras objeciones. La reunión, por tanto, a pesar del tono cordial, no ha sido productiva», lamentan todas las entidades en su último comunicado.

Olmedo, por su parte, se limitaba a instar a los interlocutores de las siete asociaciones que el plazo para la presentación de enmiendas al texto normativo, finaliza el próximo día 13 de junio. Un escenario en el que las entidades no descartan, en ningún caso, activar medidas de conflicto colectivo «si no les dejan otra opción».

Según ha podido saber El Debate, «el Ministerio de Justicia ha manifestado su disposición a introducir una nueva redacción del régimen jurídico de estabilización, reconociendo la necesidad de articular un marco legal específico«, pero »sin alterar los plazos» ya previstos para la ejecución.

Y, en relación con las becas de acceso que, de acuerdo con los planes del Gobierno, pasarán a estar controladas por el Departamento que lidera Bolaños, «se nos ha comunicado que se establecerán dos modalidades: unas con dotación económica directa, y otras con una menor asignación a cambio de un acceso al Centro de Estudios Jurídicos», según recoge el último comunicado oficial emitido por todas las asociaciones.

Una postura insuficiente. Desde las asociaciones han «insistido en la necesidad de que este proyecto legislativo se tramite por el cauce ordinario, garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado. Hemos advertido que una tramitación acelerada en el contexto actual no permitirá alcanzar estos objetivos ni, por ello, introducir cambios significativos que recojan el sentir de las carreras».

También habrían trasladado a Olmedo «el clima de enfado y hartazgo existente en ambas carreras» y frente a él han «expuesto las razones por las que entendemos que procede la retirada del proyecto, más allá de remitirnos a los informes» que, ya en su momento« hicieron llegar» a la Administración, con sus aportaciones.

Pese a que todas ellas tienen la intención de «acudir a todas las convocatorias del Ministerio que tengan por objeto avanzar en un verdadero estatuto profesional de jueces y fiscales, que mejore las condiciones de acceso y garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso a las carreras judicial y fiscal», la paciencia de los jueces y fiscales no es infinita.

Que «quede claro que no vamos a contribuir a aparentar que se nos escucha cuando en realidad no es así», matizaban al término de su nota de prensa de este jueves.

«Somos conscientes de lo que nos jugamos y que, por ello, y dado que no nos dejan elección, seguiremos impulsando todas aquellas actuaciones que consideremos necesarias desde nuestra legitimación asociativa para defender la independencia del poder judicial, sin descartar ninguna medida en este sentido», han advertido.