Jueces y fiscales desmontan los «bulos» del Gobierno tras sus críticas la 'Ley Bolaños"

En un manifiesto conjunto, las tres principales asociaciones de jueces y magistrados y las dos de fiscales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han salido en respuesta a los «bulos» del Gobierno «con relación al Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal».

«Es perfectamente legítimo que el Gobierno acometa las reformas legislativas que tenga a bien. Igual de legítimo es que las asociaciones que representan a jueces y fiscales valoren dichas reformas en la medida que afecten a nuestras condiciones profesionales y a la independencia y autonomía del ejercicio de nuestra función», arranca el contundente texto.

Recurrir a la etiqueta de los 'bulos', lamentan los jueces y fiscales, es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia

«Ya expresamos nuestra conformidad con aspectos puntuales recogidos en la reforma, que no son más que cuestiones demandadas por las asociaciones firmantes desde hace años, como la eliminación de la fase de sustitución y refuerzo de la Escuela Judicial. Y estamos tan a favor de un sistema de becas que garantice la igualdad en el acceso que no entendemos como no se ha implementado a través de una ley específica, que sería sin duda apoyada por todos los grupos parlamentarios y asociaciones profesionales», recuerdan en su nota las entidades firmantes.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, todas ellas consideran que es su responsabilidad «expresar nuestra opinión y transmitirla responsablemente a la sociedad y a las Carreras alertando de los riesgos implícitos en la norma proyectada» lo que, en ningún caso, «supone difundir información falsa» como se ha afirmado desde el Gobierno. «Recurrir a la etiqueta de los 'bulos'», lamentan los jueces y fiscales, «es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia».

Por ello, y «siguiendo el mismo orden del decálogo publicado, en el que se tergiversan nuestras objeciones razonadas con manipulación interesada, pasamos a contestar cada una de ellas, tras reproducirlas literalmente para mayor claridad», reza el comunicado emitido:

La nueva norma tiene por finalidad incluir a jueces afines al Gobierno. "Falso, según fuentes del Gobierno. Lo niegan en rotundo. Aseguran que esta medida viene dictada por las obligaciones europeas de acabar con la precariedad de los jueces sustitutos. Ello, bajo amenaza de sanción. Jueces que actualmente han sido seleccionados por TSJ y CGPJ.”

«Llama la atención que se hable de falsedades y, en el mismo texto, se insista en que el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos es una exigencia europea. Lo que se exige es acabar con el abuso de la temporalidad en el ámbito del empleo público, algo que está muy lejos de la situación actual, puesto que se siguen nombrando sustitutos persistiendo en lo que se dice se pretende acabar. El necesario reconocimiento de los derechos profesionales de jueces y fiscales sustitutos no exige su integración en las carreras judicial y fiscal, y menos por una puerta creada al efecto y sin garantías», denuncian.

«Retamos al Gobierno a que publique esos requerimientos de Europa para que el Gobierno convierta en jueces y fiscales de carrera a los sustitutos. Ya adelantamos que no existen. Además, incluirlos en las carreras reduciendo notablemente la exigencia de conocimientos vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad, algo que el propio TJUE insta a respetar. Las asociaciones no afirmamos que esos jueces y fiscales estabilizados serían afines al Gobierno, pero la imagen de su independencia queda tocada en contraposición a quienes accedimos a las carreras por las actuales vías para ello y que, por eso, no debemos el puesto a nadie, solo a nuestro esfuerzo y sacrificio personal», finalizan.

2. Va a desaparecer el actual proceso de oposición. Mientras el Ejecutivo niega que desaparezca el proceso de oposición, y destaca que se hace más exigente«, los jueces y fiscales alertan de los contrario. »Ello, a través de la aparición, además del examen oral, de un examen escrito. anónimo e igual para todos los candidatos".

No sólo es «falso que hayamos afirmado que va a desaparecer el proceso de oposición» sino que, además, es cierto que hayan puesto en aviso a la sociedad de que «se modifica, y no para bien, de ahí nuestra reacción. Desde luego no lo hace más exigente, como se dice desde el Ejecutivo. Eliminar un examen teórico (sobre el esencial derecho procesal) para sustituirlo por un supuesto práctico, en vez de prever ambos, reduce el nivel de dificultad, aumenta la subjetividad en la evaluación e incrementa el riesgo de filtraciones, algo que no es posible que ocurra cuando, como ahora, se sortean los temas a cada opositor por separado y en el acto. Hace veinte años que se eliminó esta prueba por este motivo».

3. El tercer examen, la elaboración de un informe, no supone un proceso más subjetivo que la oposición. «El Gobierno destaca que lo subjetivo es, en su lugar, el sistema actual, de cantar los temas, y que sean elegidos por sorteo». «El tercer examen forma parte de la proyectada oposición para el turno libre, no lo sustituye como parece darse a entender en la frase errónea que se reproduce. La evaluación de caso práctico es claramente más subjetiva que exponer la regulación vigente y publicada, y la elección de temas por sorteo garantiza acreditar conocimiento del conjunto del temario, que en la actualidad incluye, además de las materias del primer oral, otras como el fundamental Derecho procesal, imprescindible en nuestra función».

Así las cosas, sugieren que «puede añadirse el caso práctico sin prescindir del segundo oral, reforzando así la garantía de un conocimiento conjunto del ordenamiento jurídico con una prueba práctica y la excelencia, en lugar de rebajar la calidad en el acceso».

4. Esta nueva ley que modifica la carrera judicial y fiscal perjudica a los opositores, lo que el Gobierno asegura que es falso en tanto en cuento los opositores siguen teniendo sus propias plazas. Pero los jueces y fiscales en activo alertan sobre cómo «reservar plazas estructurales de nueva creación a ese proceso extraordinario las hurta al turno libre y por tanto priva a los opositores de la posibilidad de optar a las mismas. Se crean ad hoc plazas reiteradamente demandadas como imprescindibles, reservándose a un acceso arbitrario y sin garantías».

«Olvida el Gobierno que, paralelamente, estamos reclamando una inmediata y masiva convocatoria de plazas judiciales y fiscales de los turnos libre y cuarto turno, sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».

En este punto, las entidades profesionales ponen en evidencia que «el Gobierno ha incumplido los acuerdos del 23 de mayo de 2023 por los que desconvocamos una huelga a cambio, precisamente y entre otras cosas, de un aumento de plazas que aún estamos esperando».

5. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que dependerá del Ministerio de Justicia, va a politizar a los preparadores. «El Ejecutivo asegura que no habrá 'cuerpo de preparadores'. Así pues, el plan de un CEJ público pasa por otorgar espacios a los preparadores que ya hacen este trabajo. Sin control ideológico, pero sí con regulación tributaria. Una regulación tributaria» que es «ajena a la norma analizada y está vigente».

«La asunción de competencia por un centro dependiente del ejecutivo en materia de capacitación o preparación, además de la concesión de becas supone un riesgo de control ideológico de los seleccionados o, cuando menos, cuestionable desde el prisma del principio de separación de poderes», apuntan las cinco asociaciones firmantes del comunicado.

«Si se considera de interés regular esta materia, debería encomendarse a autoridad u órgano plenamente independiente», comentan, aparte del hecho de que «nadie ha demandado un lugar en el que preparar a sus alumnos, ni el proyecto contempla algo así. Parece ser una idea que habita en la cabeza de sus responsables, y ante la falta de regulación es normal que advirtamos del riesgo de que, efectivamente, dicho centro de preparación se auto valide mediante la facilitación de aprobados a quienes preparen ahí y que la selección de las plazas para preparar sea de tipo ideológico. Por éste o por el Gobierno que venga después, que el Ejecutivo intervenga directamente en la selección de quienes pueden ser jueces y fiscales nunca será un buen sistema», proponen las cinco entidades.

6. La norma perjudica a las últimas promociones. Una afirmación que, según fuentes gubernamentales no es así. Para estas fuentes quienes entren mediante el proceso de estabilización diseñado estarán ajustándose a lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por detrás de los opositores que no se verán perjudicados. No en vano, el Ejecutivo insiste en que los años de antigüedad únicamente se les reconocerán para poder formar parte de los procesos de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Jueces y fiscales insisten en que «las nuevas promociones son las más perjudicadas. A quienes accedan a las carreras por un concurso-oposición se les van a regalar cinco años de antigüedad a los efectos de optar a cargos discrecionales, con claro agravio comparativo respecto de quienes accedan por la oposición. Esta medida limita la promoción profesional de los que acceden por el turno libre, igualando a quienes han acumulado antigüedad real en el ejercicio de la función jurisdiccional con los que acceden por un concurso-oposición que no acredita la capacitación y excelencia de manera objetiva».

O, lo que es lo mismo, «se trata de que los favorecidos por este sistema lleguen antes a optar por los cargos de designación discrecional, nombrados por un CGPJ cuyos vocales se designan por los partidos políticos mayoritarios, que suplantan así esta competencia constitucional de las Cortes Generales».

7. Las asociaciones de jueces y fiscales, por lo que se refiere a su financiación privada, no se van a ver afectadas.

«De acuerdo con el Ejecutivo, no se pretende atacar su operatividad. Por el contrario, aseguran y garantizan su apariencia y prestigio a través de la financiación público y de sus afiliados». Con ello, aseguran desde la Moncloa «se evitará que los jueces financiados por entidades privadas luego emitan sentencias contra estas mismas empresas».

«Imponer restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales no es garantía de independencia, afecta la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación, con todo lo que ello supone. Así, carecemos de derecho similar a la liberación sindical, lo que supone afrontar nuestra actuación como una sobrecarga a nuestra sobresaturada actividad profesional, sin más retribución que la vocación de defender nuestros derechos profesionales y velar por los valores constitucionales, especialmente el Estado de Derecho y la independencia judicial », argumentan desde APM, AF, AJFV, FJI y APIF.

«El Ejecutivo parece desconocer, además, cómo funcionan las asociaciones de jueces y las exigencias de transparencia y rendición de cuentas que anualmente realizan ante el CGPJ». E inciden en que su prestigio «deriva de nuestra actuación y es evidente que nuestra operatividad se ve reducida si se limitan las fuentes de financiación sin contemplar incremento de las permitidas», subrayan.

8. La reforma de la Comisión de Ética del CGPJ será una injerencia del Poder Legislativo. «El Gobierno niega la mayor y asegura que solo será una ampliación de dicha comisión, con más conocimiento, a través de cuatro catedráticos de ética y filosofía de Derecho», pero, en realidad, «no se explica por qué la inclusión de miembros no judiciales en la Comisión de Ética Judicial, elegidos por los partidos políticos, aportará 'más conocimiento», siendo que los instrumentos internacionales de aplicación piden que las normas que rigen la ética de los jueces se arbitren con independencia respecto de cualquier autoridad política».

9. Dice el Gobierno, antes de invitar a leer la norma con atención, que su reforma no «afecta al Estado de Derecho», como avisan los jueces y fiscales.

«Hemos analizado detalladamente la norma y elaborado exhaustivos informes en fase de alegaciones al Anteproyecto, prácticamente idéntico al Proyecto que nos ocupa. Y podemos concluir tras ese análisis que, como manifestamos 5 de las 7 asociaciones profesionales de juezas, jueces y fiscales en comunicado conjunto el pasado de 14 de mayo, la regulación proyectada “supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».

10. Niega la mayor el Ejecutivo socialista cuando dice que con el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no se pretende «colocar» a Álvaro García Ortiz.

Las mismas fuentes gubernamentales recuerdan que la norma «no entraría en vigor hasta 2028» y que, por lo tanto, para entonces, García Ortiz ya habría cumplido dos mandatos" se descubren a sí mismas.

«Nunca hemos señalado a persona concreta», arrancan los jueces y fiscales, « a diferencia del señalamiento al que venimos asistiendo a diario por parte de los políticos, también miembros del Ejecutivo, en función de sus intereses en cada caso».

«Nuestra oposición al nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no tiene nombre y apellidos, sino que es el resultado de la preocupación de las medidas contempladas en él, entre otras las de aumentar las competencias del FGE (el que sea) en nombramientos, incompatibilidades y régimen disciplinario, FGE que, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales instructores que se quieren crear, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, aumentando aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas (estas sí claras), el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción», puntualizan las asociaciones de ambas Carreras.

«No se incluye en el 'catálogo de bulos' referencia alguna a la limitación en el voto a Salas de Gobierno a un solo candidato, reduciendo la representatividad en el resultado de la elección, por lo que entendemos que se comparte esta conclusión», indican.

Como cierre al documento, las asociaciones profesionales firmantes «mostramos, ya desde que conocimos el anteproyecto que precede a la norma analizada, actitud constructiva, de colaboración y diálogo, siendo ajenos al clima que lamentablemente los ciudadanos tenemos presenciar en el discurso político y del que no queremos participar».

Por ello solicitan, una vez más y como ya hiciese el Consejo General del Poder Judicial, a través del último pronunciamiento unánime de su Comisión Permanente, «que se nos mantenga al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares, y se nos permita seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos».

«Desde el rigor, el respeto institucional y la búsqueda de objetivos acordes al interés general y los principios constitucionales, podremos encontrar posiciones comunes que avancen en la mejora del Servicio Público de Justicia», finalizan.