La Asociación de Fiscales y la Abogacía madrileña exigen la dimisión de García Ortiz tras ser procesado

«Una vez dictado por el Tribunal Supremo el auto de procedimiento abreviado» contra Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), «con pleno respeto a la presunción de inocencia que asiste al fiscal general del Estado, reitera la necesidad de su dimisión».

«Su permanencia en el cargo como encausado, compromete la integridad de la Institución que representa y deteriora gravemente la imagen profesional de todos los integrantes de la Carrera», denuncian desde la entidad profesional que cuenta con un total de seis vocales en el Pleno del Consejo Fiscal.

En la misma línea se ha desmarcado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que, nada más conocerse la imputación de García Ortiz instó su dimisión porque «entendimos incompatible ser fiscal general del Estado e investigado por el Supremo» al mismo tiempo. De hecho, el empeño del titular de la Institución por seguir en su cargo, a pesar de sus situación, fue lo que les llevó a «tomar la decisión» de personarse como acusación en la «causa penal» abierta contra él por una presunta revelación de secretos, dado que «ante semejante escenario, el procedimiento no contaba con un fiscal independiente» ya que «al ser subordinado del investigado, estaba obligado a someterse a las órdenes» que él mismo le diese.

Ahora, una vez avanzada la instrucción, y en vista de todos los indicios acumulados se «reafirman en lo adecuado» de aquella elección. «Si se mantiene en el cargo de fiscal general del Estado», una vez abocado al banquillo, «estará causando un daño muy importante al Ministerio Fiscal como garante del respeto a la ley y defensor de ésta», han añadido desde la APIF en declaraciones a El Debate.

El Colegio de la Abogacía de Madrid

Por su parte, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), una de las partes personadas en el procedimiento de investigación que se ha seguido, hasta este lunes, en su fase preliminar, en el Alto Tribunal, también se ha pronunciado al respecto de la resolución notificada por el juez Ángel Hurtado previa a la apertura de una causa penal contra García Ortiz y la fiscal provincial Pilar Rodríguez.

En un comunicado emitido «en relación con hechos que afectan directamente a derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la Abogacía», desde la institución han querido reiterar, públicamente, «su compromiso inquebrantable con el secreto profesional y el derecho de defensa». «El ICAM continuará actuando, con serenidad y determinación» para que se respete su función «como garante de los derechos y libertades fundamentales», reza la nota corporativa a la que ha tenido acceso El Debate.

Además, la Abogacía madrileña «recuerda que este procedimiento tiene su origen, entre otras actuaciones, en la querella interpuesta por la Junta de Gobierno del ICAM en defensa del secreto profesional de uno de sus colegiados, un principio esencial del ejercicio de la Abogacía y del derecho de defensa». El Colegio de abogados «actuó con responsabilidad institucional, consciente de su deber de proteger a la abogacía madrileña y de velar por la legalidad y las garantías procesales», reitera el texto.

Por todo ello, el ICAM «se mantiene preparado para adoptar, nuevamente, todas las medidas que resulten necesarias, tanto de índole colegial como institucional, para proteger el secreto profesional, el derecho de defensa y garantizar el respeto a las libertades jurídicas más básicas».