La red de la fontanera del PSOE contaba con un comisario apartado por meter pruebas falsas en un informe policial

Leire Díez, la fontanera del PSOE que coordinaba la célula encargada de recopilar información sensible para contrarrestar las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunía de manera habitual con Marcelino Martín Blas, comisario de la Policía Nacional. Se trata de un agente, ya jubilado, que fue destituido hace varios años por incluir pruebas falsas en informes oficiales. Javier Pérez Dolset, el empresario con el que trabajaba la exmilitante socialista, reconoce en una grabación que el trabajo de esta unidad clandestina tan sólo era conocido por el jefe del Ejecutivo y por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Tal y como ha podido saber El Debate, Díez ha mantenido, en total, una decena de contactos con Martín Blas entre citas en persona y por teléfono. El objetivo de estos encuentros, en palabras de la fontanera del PSOE a su entorno durante los meses que estuvo operando en la sombra, era «conocer el funcionamiento de las cloacas». Aunque, en realidad, este comisario aprovechaba las citas para facilitar nombres de compañeros con los que había tenido tensiones y les acusaba sin pruebas de «formar parte del submundo» en investigaciones policiales a dirigentes independentistas catalanes o miembros de Podemos.

De hecho, el PSOE propuso la participación de Martín Blas en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la denominada Operación Cataluña, en la que el Gobierno asumió parcialmente la disparatada tesis de los independentistas de que el Ministerio del Interior, durante la etapa del expresidente Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, montó una operación para espiar y perseguir a dirigentes de Junts y ERC. La realidad es que se trata de suposiciones falsas basadas en grabaciones editadas y acusaciones políticas sin fundamento. No hay sentencias, ni informes policiales, ni evidencias de ningún tipo que acrediten la existencia de una estructura estatal organizada para atacar al independentismo.

Esta comisión parlamentaria fue puesta en marcha después de que el PSOE pactara con los independentistas su creación a cambio de apoyo parlamentario al Gobierno. Martín Blas, en concreto, afirmó sin ningún documento que acreditara sus palabras y saltándose su deber de reserva, que durante su etapa como responsable de Asuntos Internos, la unidad de la Policía Nacional encargada de investigar a los propios policías cuando hay indicios de que alguno haya podido cometer alguna falta o delito en el ejercicio de sus funciones, detectó manipulación de informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dirigidas a influir en el clima político antes de las elecciones catalanas.

De la misma manera, sostuvo, nuevamente sin poder demostrarlo de ninguna manera, que contaba con documentos y grabaciones que, según él, acreditan maniobras clandestinas desde la cúpula policial contra Podemos. Sin embargo, Martín Blas, ya jubilado, no hizo referencia a que él en 2015 fue apartado como alto cargo de la Policía tras desvelarse que incluyó pruebas falsas en un informe judicial de la causa del Pequeño Nicolás. En aquel momento, dirigía la investigación policial contra el veinteañero y en un informe que entregó al juez que en ese momento investigaba el asunto, el magistrado Arturo Zamarriego, señaló que en una grabación de una cámara de videovigilancia aparecía el comisario José Manuel Villarejo, con el que tenía una enemistad, cuando, en realidad, se trataba de un jubilado paseando a un perro. Esta negligencia motivó que fuera cesado y seguidamente fue trasladado al Consejo Asesor de la Policía, donde se mantuvo hasta que se jubiló.

Desde que dejó de formar parte de la Policía hasta el día de hoy se reúne de manera habitual tanto con Leire Díez y el empresario Pérez Dolset, investigado por la Audiencia Nacional por haber defraudado presuntamente 100 millones de euros en subvenciones al erario público.