El Supremo destripa una «organización criminal» en la cúpula del PSOE gestionada por el núcleo duro de Sánchez

De los cuatro ocupantes de aquel Peugeot con el que Pedro Sánchez recorrió España para vengarse de quienes le dieron por amortizado en su propio partido, sólo 'el 1' sigue gracias a un forzado 'Manual de Resistencia'. El resto, el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor directo Koldo García Izaguirre están formalmente imputados; y, el hasta hace unas horas hombre fuerte del socialismo e interlocutor autorizado de Moncloa en Waterloo, Santos Cerdán, ha dimitido tras conocerse que todos ellos, presuntamente, formaron parte de una «organización criminal» instalada en la cúpula del PSOE desde que Sánchez llegó a La Moncloa.

Los «consistentes indicios» detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Santos y recogidos en el auto de levantamiento del secreto de sumario dictado por el magistrado instructor de la pieza separada del 'caso PSOE' que se sigue en el Supremo, el juez Leopoldo Puente, han provocado su salida fulminante del partido y del Congreso. Es decir, el ya ex secretario de organización de Pedro Sánchez, el segundo salpicado por la corrupción durante esta misma legislatura, ha renunciado a su acta como diputado y, con ella, al aforamiento, a la inviolabilidad y al aforamiento que le confería su estatus parlamentario.

Así las cosas, Santos habría sido el «encargado» de gestionar los presuntos pagos irregulares de varias empresas constructoras y promotoras a la trama encabezada por el comisionista Víctor de Aldama, a cambio de la adjudicación 'a dedo' de contratos de obra pública por todo el territorio nacional que, supuestamente, además, se repartieron por zonas a través de cupos. El de la franja Norte –Aragón, Navarra y País Vasco– en exclusiva para Cerdán.

Obra pública que, cabe señalar, no era posteriormente otorgada por el partido liderado por Sánchez, sino por el Gobierno en general y por el Consejo de Ministros en particular. Lo que pese a la estrategia que Sánchez marcaba a los suyos tras estallar el escándalo, en los últimas horas, de separar el partido del Ejecutivo, ya estaría dibujando un posible escenario de financiación ilegal del PSOE.

No en vano, los agentes de la UCO han recogido expresamente en su informe una grabación en la que la Gerencia del partido socialista pidió al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, «algún tipo de aportación económica». «Te van a pedir el impuesto», le advirtió Ábalos.

De hecho, en otra de las conversaciones intervenida en el marco de las pesquisas sobre la trama de 'mordidas' que habría operado durante la pandemia, Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, asegura sin titubeos la existencia de un sistema para camuflar comisiones ilegales de empresas constructoras, promotoras y de material sanitario a nivel nacional que, mediante facturas ficticias, participaron de un mecanismo que era conocido «por todos los ministros».

«Eso lo sabe todo el mundo, si esto lo hacen todos… todos los ministros», afirma Koldo, según el documento policial. Una revelación que adquiere un valor especial porque, de acuerdo con el análisis de los agentes, no se trataría de un desliz de Koldo, en un momento puntual, sino de una confesión espontánea en el marco de una conversación donde se detalla, con precisión, cómo funcionaba el engranaje económico que permitía a la trama cobrar importantes sumas de dinero, en efectivo, sin levantar sospechas. Importes que más tarde, presuntamente, serían repartidos entre los cabecillas de la estructura, tres de ellos miembros del núcleo duro de Sánchez en el Gobierno y en Ferraz, y de los que indiciariamente se reservaba un porcentaje para el partido.

Según ha acreditado la Guardia Civil, el procedimiento consistía en que las que resultaban beneficiadas con contratos públicos adjudicados 'a dedo' pagaban facturas a varias sociedades controladas por los miembros de la red, por supuestos servicios de asesoría. Sin embargo, no existía ninguna prestación real: todo era una mera tapadera para justificar ingresos millonarios que, según las diligencias preliminares recogidas en el sumario judicial, acababan en bolsillos concretos de cargos del PSOE o en estructuras de la formación.

Hasta tal punto que «habría sido el hecho de que Koldo [García Izaguirre] y [José Luis] Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que, presumiblemente, habría originado» el cese del entonces ministro de Transportes, y secretario de organización del PSOE, en verano de 2021. Así apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe, los motivos por los que, con cierto grado de fiabilidad, Pedro Sánchez decidió prescindir de uno de sus escuderos y hombre de confianza.

Una tesis a la que habría llegado la policía judicial tras analizar un cruce de mensajes intercambiados entre Koldo y el constructor José Ruz –uno de los empresarios supuestamente integrado en la red– quien, a su vez, mantenía una estrecha relación de amistad con Ábalos. Ruz era, además, el administrador de las sociedades Levantina, Ingeniería y Construcción y Lopera Activa que están bajo la lupa de los investigadores.

En dichas conversaciones, fechadas en marzo de 2022, cuando tanto Ábalos como Koldo García ya habían abandonado el Ministerio de Transportes, orillados por el partido tras saltarse la operativa fijada y que, supuestamente, el propio Santos Cerdán era el «encargado» de gestionar.