Sánchez y sus ministros viven un infierno en el Congreso: «Acaben con esta agonía»

Tal vapuleo recibieron el presidente y sus ministros en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, que Félix Bolaños acabó aplaudiendo en su escaño por error la intervención del diputado del PP Sergio Sayas. Éste le preguntó a la ministra Elma Saiz, navarra, por uno de los escándalos del día (el otro es el de la señorita saliendo de la casa de José Luis Ábalos con un disco duro escondido): la aparición de un documento que acredita que Santos Cerdán era el propietario del 45 % de la empresa Servinabar desde 2016. Saiz, entonces consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra, fue la que dio luz verde a la adjudicación millonaria de las obras del túnel de Belate, adjudicada a una UTE de la que formaba parte Servinabar por 76 millones de euros, como contó El Debate el 26 de mayo. Este miércoles, la ministra calló. No dijo una palabra al respecto.

La sesión de control fue un infierno para los socialistas, que tuvieron que escuchar y ver a los diputados de la oposición leyendo fragmentos del informe Cerdán; a la bancada del PP pidiendo a coro su dimisión a Pedro Sánchez; a Santiago Abascal abandonando el hemiciclo después de llamar al presidente «indecente, corrupto y traidor»; y a Cayetana Álvarez de Toledo sugiriéndoles que vayan eligiendo entre «refundación o extinción».

Aunque lo que más enfadó al presidente y a los suyos fue la intervención de Gabriel Rufián, la misma mañana que después iba a entrevistarse con Sánchez en la Moncloa. El portavoz de ERC en el Congreso fue a la yugular del presidente: «Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez». Y le advirtió, como parte de la escenificación: «No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, porque al final lo que les diremos es que la gente decida».

El presidente apretó los dientes y desbarró en su respuesta, porque contestó: «Lo que no voy a aceptar es que usted haga de la anécdota una categoría, porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba», rebajando el caso PSOE a «anécdota», provocando la indignación de la oposición. Su propio equipo reconoció después, sotto voce, que no estuvo acertado, pero que es una frase hecha.

Para colmo de los males de Sánchez, Yolanda Díaz y los dos ministros de Sumar que no tenían pregunta en la sesión de este miércoles, Sira Rego y Ernest Urtasun, se borraron. No hicieron acto de presencia en la bancada azul del Ejecutivo, queriendo marcar distancia. «Lo fácil en estos momentos es desmarcarse del Gobierno. Pero no todo vale para dejar claro que nos desmarcamos», afeaban fuentes gubernamentales a sus socios fuera de micrófono.

María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría y Óscar López no daban abasto para contener el bombardeo, atrincherados tras ese argumento que repiten machaconamente los socialistas desde que Sánchez lo utilizó el lunes desde Ferraz: que el PP no puede hablar de corrupción. «Es en su partido donde se repartían sobres. Es en su partido donde se sigue manteniendo una sede pagada con dinero negro. Es en su partido cuando 10 años después seguimos sin saber quién se escondía detrás del M. Rajoy», se defendió Alegría. La misma que, un día antes en la Moncloa, reconoció no poder asegurar que no vayan a salir más corruptos con un escueto: «No lo sé».

«Ustedes no quieren que la gente vota por si votan lo que a ustedes no les gusta», recriminó la portavoz de Vox, Pepa Millán, al ministro Bolaños. «Den la palabra a los españoles, acaben con esta agonía», pidió el diputado Borja Sémper al ministro López.

Volaron de un lado a otro del hemiciclo las descalificaciones y palabras gruesas durante la penúltima sesión de control al Gobierno del curso. La última para Sánchez, porque faltará a la de la próxima semana con motivo de la cumbre de la OTAN en la Haya. Al término, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció: «Todos y todas somos conscientes de que la imagen que se ha trasladado de esta sesión de control no es la adecuada. Retiraré los insultos y las cuestiones con falta de decoro del diario de sesiones».

Si le faltaba poco a la mañana, al final de la misma Junts confirmó que este miércoles por la tarde registrará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Un auténtico palo para Yolanda Díaz, que confiaba en convencer a los independentistas antes de llegar a ese punto. No tanto para los socialistas, que no están moviendo un dedo por el proyecto estrella de su socia.