La ministra Saiz avaló la obra de 76 millones que la Guardia Civil investiga por sus vínculos con Santos Cerdán

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dio luz verde al contrato de 76 millones de euros del Gobierno de Navarra que la Guardia Civil vincula en una investigación por corrupción a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. El Debate publica hoy el informe en el que se fiscalizó el expediente, que en estos momentos está siendo analizado minuciosamente por parte de los agentes. Si bien Cerdán, tras ser preguntado si temía aparecer en la causa por corrupción que investiga el Tribunal Supremo dijo que «no, en absoluto» y que las preguntas que él haya podido hacer sobre obras se deben a que es diputado en el Congreso, tras finalizar la rueda de prensa la Cámara Baja registró varias preguntas sobre edificaciones que el dirigente socialista había hecho a toda prisa.

La obra, cuyo objeto es la «duplicación del túnel de Belate», otorgada a una UTE integrada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, fue licitada cuando Saiz todavía ocupaba la Consejería de Hacienda de Navarra. Aunque la adjudicación se produjo en diciembre de 2023 y Saiz abandonó su cargo el 17 de agosto de ese mismo año ella fue responsable del visto bueno a la licitación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de febrero de ese año. Esta decisión presupuestaria —que comprometía más de 76 millones de euros con impuestos— fue tomada con su autorización directa como titular del Departamento que ostenta la competencia fiscalizadora. Sin embargo, lo más llamativo del caso es que el contrato fue fiscalizado de forma positiva por la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Hacienda, a pesar de que el informe final incluye severos reparos técnicos al proceso de adjudicación.

«Esta Intervención Delegada fiscaliza positivamente el expediente pero […] formula el presente reparo no suspensivo de la tramitación del expediente», se lee textualmente en el documento fechado el 3 de noviembre de 2023. Es decir, el contrato siguió adelante incluso cuando se advertía formalmente de múltiples incidencias graves. Entre las irregularidades señaladas destaca que el informe de valoración técnica de las ofertas «no expondría las razones que justifican las puntuaciones, ni expresaría las ventajas de unas ofertas frente a otras». Según la intervención, se trataría de «una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores», con «ausencia de criterio valorativo», lo cual implicaría que «dichas ofertas no estarían siendo comparadas de forma homogénea». Esta falta de justificación abriría la puerta a una valoración arbitraria de los candidatos.

Además, el procedimiento técnico fue objeto de división y desacuerdo entre los propios miembros de la mesa, tal y como desveló El Debate. De hecho, tanto el secretario de la mesa, como el representante de la Junta de Contratación y el vocal interventor emitieron votos particulares, que constan en el expediente. El órgano acordó por mayoría (no por unanimidad) dar luz verde a las puntuaciones que acabaron favoreciendo a la UTE adjudicataria, y que fueron elaboradas por cuatro vocales técnicos, pese a la «oposición razonada» del resto de miembros de la mesa. La Intervención subraya que hubo «una puntuación final del Presidente» que alteró el resultado global una vez conocidas las calificaciones del resto. Esta actuación ha sido calificada por el fiscalizador como «irrelevante» desde el punto de vista técnico, pero clave para inclinar la balanza. A ello se suma que el acta de apertura del sobre con «Propuesta Criterios Cuantificables mediante fórmulas» muestra que «las cuatro licitadoras mejor valoradas técnicamente» hicieron ajustes muy similares en su propuesta económica, lo que deja en entredicho el peso real del precio como factor de decisión.

Otro punto extremadamente delicado es el relativo a la confidencialidad de las ofertas. El informe alerta de un posible «incumplimiento del deber de preservar la confidencialidad y sigilo de las ofertas», al detectar que documentación clave habría sido compartida en una unidad de red accesible a «cualquier empleado público del Departamento de Cohesión Territorial». Incluso se señala que el presidente de la Mesa habría recibido un «gran número de accesos electrónicos» desde una dirección corporativa genérica, lo cual «pone en duda la garantía de imparcialidad objetiva». Con este contexto, la decisión de proseguir con la tramitación del expediente pese a los reparos técnicos es, cuando menos, controvertida. Por este motivo, la Guardia Civil investiga actualmente si este contrato pudo haber sido diseñado para beneficiar a empresas relacionadas con Cerdán.

El hecho que hoy revela este periódico, que la hoy ministra Saiz diera luz verde a la licitación y al techo de gasto del contrato mientras aún era consejera, sitúa su firma en el origen de un expediente bajo sospecha judicial. El origen de la investigación de este contrato tuvo su origen en dos denuncias. La primera fue interpuesta el pasado mes de septiembre por el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) y ponía el foco en las irregularidades del proceso de selección. La segunda, por un particular que aportó documentación que, presuntamente, acreditaba el nexo de uno de los constructores adjudicatarios con Cerdán y el posible cobro de comisiones ilegales.