En defensa de una justicia amenazada

ALGO MUY GRAVE debe estar pasando en España con la justicia cuando tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han convocado para el próximo día 28 una concentración ante la sede del Tribunal Supremo en reivindicación del papel que corresponde al Poder Judicial en un Estado de derecho. Se trata, al fin y al cabo, de la reacción de una gran mayoría de jueces y fiscales españoles frente a las reformas legislativas propuestas por el Gobierno que, en su afán de controlarlo todo, pretende modificar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y encomendar al Ministerio Público la instrucción de las causas penales.

Lo dice el magistrado del Tribunal Supremo don Manuel Marchena en su libro La justicia amenazada, recientemente publicado y que da pie al título de esta tribuna. Con mano maestra y con la sabiduría y prudencia del buen juez, el señor Marchena escribe cosas como estas: «La historia enseña que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones». «La separación de poderes, nota definitoria de cualquier Estado constitucional, tiene que ser percibida como mucho más que una declaración puramente formal o programática». «El equilibrio entre los poderes del Estado no puede limitarse a un enunciado normativo». «Cuando ese equilibrio se altera, la justicia se ve amenazada». Fin de las citas.

Pues bien, con el deseo de contribuir en la defensa de esa justicia en situación de riesgo elevado y también a sabiendas de que la tarea es una suerte literaria que requiere precisión, concisión y claridad, cualidades que quien esto escribe no está seguro de reunir, me permito redactar el siguiente texto que con gusto someto a la consideración de jueces, fiscales, abogados, profesores de universidad, juristas de toda condición y ciudadanos del común que claman por un poder judicial independiente de verdad y suplican a los políticos que pongan fin a sus habituales lucubraciones y dislates. Veamos.

DEFENDAMOS que el Poder Judicial es un poder del Estado, no un poder de los partidos, gobiernen o no gobiernen. Si lo que se quiere es una justicia realmente independiente, hay que alejarla de las siglas políticas y de sus sedes. Más. Cuando en la función de los jueces se buscan rentabilidades políticas, sobra la justicia y basta la intriga.

DEFENDAMOS que la justicia no puede ser entendida en clave ideológica. Una justicia entreverada con la política jamás será verdadera justicia. Hacer política con la justicia es propio de rábulas y de traficantes de leyes.

DEFENDAMOS el sistema de oposiciones a las carreras judicial y fiscal como el mejor de los posibles. No se trata de afirmar a ultranza que la memoria sea el instrumento más idóneo para hacer un juez o un fiscal instruido y justo, pero sí que, puestos a elegir, es preferible el aspirante que se sabe de carrerilla el Código Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal a aquél que se pasa el día recitando los nombres de políticos que pudieran hacerle un hueco en el escalafón. Frente a los deseos del Gobierno que, por cierto, no plantea aplicar el sistema que preconiza para cuerpos de igual reputación como el de notarios, registradores de la propiedad o abogados del Estado, la lógica y la experiencia demuestran que la oposición es el procedimiento que mejor garantiza la ecuanimidad, pues con él todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades. Valga lo dicho para los jueces y fiscales sustitutos.

DEFENDAMOS la figura del auténtico jurista de prestigio, pero más al «conocido» por todos que al «reconocido» por los suyos. Hay que acabar con el descaro de incluir en el inventario a falsos genios repletos de trabajos políticos, lo que no quita que las altas jerarquías de la magistratura se cubran con juristas con méritos eminentes contraídos en el foro o en la cátedra, cosa que con frecuencia sucede.

DEFENDAMOS el modelo del juez y fiscal preocupado únicamente por su independencia y repudiemos que los altos cargos de ambos cuerpos sean nombrados con la misma discrecionalidad que se nombra a un director general. Nada más triste y deprimente que una carrera judicial o fiscal en la que la forma de ascender en el escalafón, aparte de la antigüedad, sea la vía asociativa o, por el camino más rápido, las buenas relaciones con los mandamases de los partidos.

DEFENDAMOS sin reservas a nuestro Tribunal Supremo (TS), órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tribunal Supremo no hay más que uno y no es el Tribunal Constitucional. Negar legitimidad al TS como algunos irresponsables han hecho a propósito de determinadas sentencias es un aliciente propio de políticos de tres al cuarto, pero nunca la forma adecuada para la construcción de algo tan importante como un Estado de derecho y de Justicia.

DEFENDAMOS el modelo de fiscal independiente que es el querido realmente por nuestra Constitución. El artículo 124 dice que el Ministerio Fiscal interviene de «oficio o a petición de los interesados», pero no que haya de hacerlo siguiendo instrucciones, y, menos aún, órdenes del Gobierno. Un fiscal no puede ser de nadie. Ni partidista ni sectario.

DEFENDAMOS al fiscal general del Estado sobre el que no gravite el prejuicio de ser correa de transmisión del Gobierno. Un fiscal general del Estado nombrado por su insobornable pasión de fidelidad a las siglas del partido que gobierna no es el mejor de los arquetipos. Nadie carece de ideología política, pero ha habido y sigue habiendo fiscales generales, cuyos nombres están en la mente de todos, lo que ahorra la cita al detalle, excesivamente sobrados de credos partidistas. En el mundo del Derecho se habla de apariencias que justifican sobradamente los temores de parcialidad.

DEFENDAMOS que, hoy por hoy, la dirección de la investigación de las causas penales debe seguir en manos de los jueces de instrucción y, en consecuencia, rechacemos encomendar ese trabajo a los fiscales. En estos momentos, con una crisis de credibilidad como la que padece el Ministerio Público, la búsqueda del fiscal imparcial es tarea ardua y su hallazgo, cuando menos, un objetivo que queda demasiado lejos. La persecución de los adversarios políticos del Gobierno y la búsqueda de impunidad para sus amigos sería una sospecha más que justificada.

Puestos a defender, DEFENDAMOS también que los funcionarios judiciales sean retribuidos adecuadamente. Es muy hermoso trabajar por vocación y con sacrificio, pero el juez o el fiscal y lo mismo cabe decir del resto del personal de la Administración de Justicia, que cada primero de mes ve que su famélica nómina no le alcanza, tarde o temprano, se sentirá desmoralizado y hastiado de lo que hace. Con tacañerías presupuestarias, incluidas las del sueldo, y mientras los gobernantes sigan pensando que los tribunales son bienes mostrencos, jamás lograremos una administración de justicia digna de tal nombre.

Aquí termina este alegato defensivo que, tal vez, no sea más que un catálogo de reflexiones bienintencionadas. Quien lo firma y rubrica no se avergüenza de hacer pública su confianza en los jueces y fiscales españoles. Sabe que la fe, a menudo, es amarga, pero también conoce que, en ocasiones, el fruto es dulce. De ahí que cuando se siente invadido por la desilusión prefiera el optimismo al nihilismo. Ojalá que, en un futuro no lejano, sorteados los contratiempos, la recolección de la Justicia española se presente con unos resultados que podamos saborear.

En fin. No descarto que todo esto que dejo escrito ya esté dicho, incluso por mí. Si así fuera, tampoco importa, pues como son muchos los que ni atienden ni hacen caso, a lo mejor es necesario repetirlo periódicamente. Además, no se olvide que, si los deseos se reproducen con entusiasmo renovado, quizá algún día los veamos convertidos en realidad.