Sánchez debe marcharse y PP y Vox deben conseguirlo juntos

Castilla y León ha propinado otro sonoro batacazo electoral al PSOE y a la extrema izquierda, con una victoria contundente del espacio liberal y conservador. A diferencia de los trucos contables de Pedro Sánchez, que llama «mayoría social» a la amalgama de partidos opuestos o incompatibles que le hizo a él presidente a cambio de nefandas concesiones, el PP, Vox y sus respectivos electorados sí guardan unas similitudes evidentes, más allá de tensiones competitivas y cálculos partidistas.

Y lo cierto es que entre ambos suman una amplísima mayoría absoluta que, en realidad, simplemente confirma la imparable orientación de España hacia latitudes ideológicas, culturales y morales muy alejadas del llamado sanchismo.

Porque Sánchez no ha hecho otra cosa que cosechar derrotas sistemáticas en todas las citas electorales, con la excepción de las Generales de 2019 y las últimas catalanas, con resultados negativos históricos para su formación, da igual que sea en las europeas, las generales, las autonómicas y municipales o las adelantadas en regiones como Madrid, Extremadura, Aragón, Castilla y León y pronto Andalucía.

Las urnas, en fin, emiten dos mensajes incontestables de los que todo el mundo debería tomar nota. De un lado, es obvio Sánchez no puede seguir de presidente, porque le rechazan los ciudadanos y es incapaz de gobernar, de presentar presupuestos y de demostrar una mayoría parlamentaria.

Y de otro, urge que PP y Vox se entiendan, entierren sus cuitas, hagan un esfuerzo sincero de entendimiento y no permitan que el fragor de sus disputas sea aprovechado por Sánchez para disimular la magnitud de su descrédito, la ilegitimidad de su continuidad y el perjuicio de sus deplorables políticas, resumidas en el bloqueo de España y la confrontación entre españoles. Y entender que hoy la única prioridad es acabar con la España que ha encarnado Sánchez durante los últimos ocho años.

Encontrar la fórmula para desalojar democráticamente a un político sin líneas rojas, capaz de atrincherarse en el poder pese a no poder usarlo en beneficio de nadie más allá de sí mismo, no es sencillo: la Constitución no previó la posibilidad de que la inmoralidad más galopante fuera suficiente para despreciar el sentido común y las normas vigentes.

Pero encontrarla es tarea prioritaria de Feijóo y de Abascal para estar a la altura del momento histórico, del mandato ciudadano y de las galopantes urgencias de España: la inmensa mayoría de los españoles no quiere que los represente un político sin escrúpulos, sin programa, sin principios y sin otra capacidad de maniobra que la concedida por sus espurios aliados. Traducir esa certeza en una acción política sensata y contundente es la primera obligación conjunta de PP y de Vox. Nadie entendería que no la asumieran sin más dilaciones.