Sánchez asalta la Fiscalía General otra vez
Es un escándalo y un peligro que Peramato siga la estela del condenado García Ortiz y se ponga a la orden del poder político
Si en cualquier contexto una colonización de la Justicia desde el poder político es un escándalo, en uno en el que además están en marcha sonados casos de corrupción combinados con un pavoroso bloqueo institucional, es además un peligro para la democracia.
Y eso es lo que pasa en España desde que Pedro Sánchez accediera a la Presidencia: un intento reiterado y agresivo de asalto judicial, de criminalización de los jueces independientes, de sometimiento partidista de órganos como el Tribunal Constitucional para soslayar al Supremo y de utilización perversa del Ministerio de Justicia para cambiar las reglas del juego, sustentadas en la imprescindible separación de poderes.
Toda esa cosmovisión se vuelve a concretar en la vergonzosa utilización de la Fiscalía General del Estado como burda herramienta política, con una titular que, lejos de enmendar la lamentable herencia de García Ortiz, la ha agudizado con una serie de nombramientos sectarios resumidos en dos: el castigo para la fiscal que se opuso al montaje contra Díaz Ayuso diseñado desde La Moncloa y ejecutado por el Fiscal General, la promoción de quien le ayudó en la fechoría y el ascenso de la propia esposa del condenado.
Todo en clave política, de sometimiento a un presidente arruinado por la corrupción, paralizado en el Parlamento, alejado de la ciudadanía y atrincherado en en el poder, que solo puede usar para atender los peajes de sus aliados y para imponer, de forma arbitraria, una especie de Estado paralelo al real marcado por la subordinación a sus intereses.
Desde 2018, la práctica totalidad del mundo judicial ha alertado sistemáticamente sobre la necesidad de defender su independencia, sometida a un ataque ya endémico por parte de quienes no quieren enfrentarse a ella y consideran su libre ejercicio una especie de conspiración para legitimar, a continuación, una invasión repugnante y teledirigida.
La Justicia sanchista se ejemplifica en Bolaños, Pumpido o García Ortiz, y se ejecuta con arreglo a las decisiones o intenciones mostradas por todos ellos: cambiar el sistema de acceso a la judicatura, anular sentencias como la de los ERE o pergeñar campañas políticas contra rivales incómodas de su patrocinador, maleando la ley o saltándosela directamente.
El desafío democrático que encarna Sánchez ya es imparable: gobierna sin votos propios, sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, a golpe de decreto y ya ni eso; lo hace acorralado por una de las peores tramas de corrupción política y familiar que se recuerdan y, además, intenta subvertir el Estado de Derecho, imponiendo por la puerta de atrás nuevas reglas afines a sus perversos objetivos.
Solo en regímenes regresivos, en fin, la Fiscalía General del Estado es un apéndice más del poder político, un ingrediente más del parque temático de tintes autocráticos que Sánchez se construye a su imagen y semejanza, del que ya forman parte el CIS, RTVE, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y tantos otros organismos y empresas públicas con las que pretende suplantar o cambiar lo único que un demócrata debería aspirar a poseer: el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
