El aborto y la cortina de humo del Consejo de Estado
La gran cuestión ahora es cómo piensa el Gobierno meter en la Constitución esta reforma, no teniendo apoyos ni para aprobar los Presupuestos. Todo hace suponer que lo que le importa al Ejecutivo es desviar la atención de otros temas y plantear cuestiones que podrían dar lugar a disensiones en la oposición
El pasado jueves España vivió una jornada relevante. El Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno, se pronunciaba sobre un proyecto del propio Gobierno que pretende introducir el aborto como un derecho amparado por la Constitución.
El informe, adelantado por El Debate el pasado 13 de febrero, es una toma de posición del órgano sobre el anteproyecto del Gobierno para incluir la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Carta Magna: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres». Mal empieza el dictamen cuando parte de una mentira: Es falso que se trate de una «interrupción voluntaria del embarazo». Esta expresión es puro 'wokismo' y jamás debería aparecer en la Constitución. Porque se interrumpe lo que se puede reanudar. Pero no lo que se finiquita, que es lo que ocurre con el ser humano abortado.
Dato importante de este proceso ha sido la negativa de la mayoría favorable al Gobierno a aceptar que esta modificación se hiciera en el artículo 15 y no en el 43 como finalmente ha sido. Si se hubiera incluido en el artículo 15 como pidió el padre de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, hubiera exigido una reforma constitucional que hubiera implicado que se hubiese votado a favor por mayoría cualificada en ambas cámaras, disolución de las Cortes, elecciones, nueva votación con la misma mayoría y referendo. Nada más lejos de la voluntad de los amigos del sanchismo que lo han colado por el artículo 43 en un claro fraude del espíritu de la Constitución de 1978. La reforma del artículo 43 solo requiere una mayoría de 3/5 en ambas cámaras. Ni disolución ni referendo, salvo que este fuera solicitado por una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras.
La gran cuestión ahora es cómo piensa el Gobierno meter en la Constitución esta reforma, no teniendo apoyos ni para aprobar los Presupuestos. Solo cabe imaginar una vía: que dentro del PP y Vox no se fije una posición clara del partido para que se vote en bloque. Es decir, lo que hacen en prácticamente todo lo que se somete a votación. Cabe imaginar que las direcciones de ambos partidos no serán tan pastueñas como para dejarse acorralar en esta materia. Por tanto, y como en tantas otras ocasiones, todo hace suponer que estamos ante una nueva cortina de humo, y que lo que le importa al Ejecutivo no es la más que improbable aprobación de su propuesta, sino desviar la atención de otros temas y plantear cuestiones que podrían dar lugar a nuevas disensiones entre las formaciones de oposición.
Una cosa es que el aborto se pueda efectuar legalmente en España. Es una realidad que hoy ocurre y a lo que El Debate se opone editorialmente. Pero algo muy distinto es que se considere un derecho. Un derecho amparado por la Constitución. Y eso es imposible porque no puede haber dos derechos contrapuestos amparados por la Constitución. Estamos hablando del derecho al aborto y el derecho a la vida. Son absolutamente incompatibles.
En esta hora, el modelo de la España que queremos se va a someter a una de sus pruebas de más calado. Es hora de que el sistema de partidos bajo el que vivimos fije posiciones con toda claridad.
