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José Manuel Cansino

El 20 % más rico acumula 15 veces más patrimonio que el más pobre en España

La concentración de riqueza en los hogares de mayor edad y las dificultades de acceso a la vivienda agrandan una brecha que penaliza especialmente a los jóvenes

El 20 % de la población con mayores recursos en España acumula quince veces más patrimonio que la población con menos. Es el valor que arroja el indicador P80/P20 ampliamente utilizado para medir el grado de desigualdad. A diferencia de lo que ocurre con la distribución de la renta en la que la diferencia se ha mantenido estable en estas décadas (el 20 % más rico tiene entre 2 y 2,5 veces más renta que el 20 % más pobre), en términos de patrimonio, la desigualdad se agudiza.

Esto tiene no pocas implicaciones y no sólo de naturaleza económica, también de comportamiento social. Una de ellas es la paradoja de que entre la población con mayor patrimonio sobresale la de mayor edad. En primer lugar porque son los que, con mentalidad previsora, ahorraron a lo largo de su vida y ahora son los grandes caseros de nuestra Nación. La segunda porque son los que reciben las rentas de alquiler de los más jóvenes que no alcanzan a juntar el dinero para pagar la entrada de una vivienda salvo que cuenten con el apoyo de los padres.

Hasta la década de los 80 del siglo pasado, en España existía una marcada predisposición al ahorro en todos los cohortes de edad. Si tomamos el extremo más joven y el de mayor de edad entre la población que obtenía ingresos, en los primeros, el ahorro estaba orientado a comprarse un primer coche o ahorrar para hipotecarse con la primera vivienda. No había miedo al compromiso ni a formar una familia. Si las cosas luego marchaban bien, se adquiría una segunda vivienda –la forma de ahorro más extendida en España–. En el cohorte de edad más alto, el ahorro venía motivado por el deseo de dejar una herencia a los descendientes además de atender posibles gastos derivados de situaciones de dependencia. En 1981, el número de habitantes por vivienda en España –según el Banco de España– se acercaba a cuatro y la predisposición a internar a los mayores en una residencia no era marcada.

El patrimonio también era el pulmón del que se echaba mano para afrontar situaciones económicas adversas (bienvenidos mis bienes que remedian mis males) o de enfermedades prolongadas. Estas últimas implicaban una reducción o casi desaparición de los ingresos y un aumento de los gastos de atención sanitaria extrahospitalaria y de acompañamiento al enfermo.

La situación ahora es bien distinta si ponemos el foco en este segundo problema; la falta de salud. El mismo Banco de España apunta a un número de miembros por hogar de 2,2 para los próximos años (junto a un muy importante número de viviendas con un único residente). El resultado es un disparo de las necesidades de atención a las personas dependientes que en promedio son las que superan los 80 años.

Con un escaso patrimonio –de encontrarte en los porcentajes de renta menos afortunados– la presión del gasto de atención a la dependencia recae sobre el sector público. La visión asistencialista del Estado acaba imponiéndose en casi absolutamente todo.

La situación se está salvando de momento por un porcentaje muy elevado de la población dispuestos a trabajar en el sector de atención a la dependencia a cambio de salarios muy modestos pero estables. Son estables porque los empleadores son frecuentemente administraciones públicas municipales o entidades sin ánimo de lucro concertadas con las administraciones.

Los parámetros de ahorro han cambiado marcadamente; en parte por decisiones personales, en parte por limitaciones económicas. El ahorro está «de modé». Viajamos porel mundo mochila al hombro como si nos esperase cualquier nuevo confinamiento a la vuelta de la esquina. No necesitamos coche. Los bajos en emisiones porque son caros pero, además, porque las posibilidades de viajar compartiendo el coche de los demás a cambio de una bajo precio es una opción extendida. Pero además, no se ahorra porque el poder adquisitivo de los salarios no puede estirarse más. El número de cosas que metemos en la cesta del supermercado ha bajado en apenas una década de 24 a media docena. Que nos caduque un producto de alimentación es un lujo que no nos podemos permitir.

El debate público en España está muy sensibilizado con las diferencias en términos de renta y muy poco en las que existen en niveles de patrimonio. De interesarnos más por esto segundo, nos tomaríamos el café con el ceño más fruncido. Mucho más.

  • José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino
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