España: una democracia enferma

Ayer se cumplieron ocho años del asalto de Pedro Sánchez al poder. Desde el primer momento dejó clara su carencia de principios éticos, morales o políticos. Recordar hoy la intervención de José Luis Ábalos hablándonos de limpieza, transparencia y luchas contra la corrupción provoca simultáneamente vómitos y carcajadas. Aquella corrupción que denunciaba en el PP tenía lugar en un par de ayuntamientos y, con la ayuda de un juez sectario y en un ejemplo de libro de lo que sí es lawfare, metieron una frase en la sentencia para que se pudiera blandir en la censura parlamentaria. Ruego que quien pueda me dé un ejemplo mayor de lawfare en la historia de la judicatura española. Y claro, el Supremo se lo cargó. Pero el sistema ya estaba minado.

Hoy tenemos hasta nueve procesos judiciales en el entorno del presidente del Gobierno por diferentes formas de corrupción. Una muy amplia panoplia. Creo que ya casi lo único que queda por ver son casos de narcotráfico. Pero yo tampoco pondría la mano en el fuego. ¿Alguien se cree que él no conocía ninguno de los nueve casos? Eso, como mínimo, sería un ejemplo de la mayor incompetencia.

A lo largo de estos ocho años, Sánchez ha ido dinamitando el sistema democrático. Y lo ha hecho con la ayuda de los muchos ministros que han pasado por sus gobiernos y que parecen tener el mismo respeto que él por nuestro sistema democrático: ninguno. ¿Cómo pueden sentarse en el Consejo de Ministros jueces como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska y callar ante el ataque constante del presidente al Poder Judicial del país?

Hay que reconocer que esto de atacar a la Justicia tiene ya cierto recorrido en el PSOE. ¿Se acuerdan de la juez Mercedes Alaya? La magistrada astigitana que hizo el sumario de los ERE recibiendo una zancadilla tras otra del PSOE y de toda su cohorte mediática. Hoy vemos un caso parecido con la juez Beatriz Biedma en Badajoz. Las presiones e intentos de descalificación que se hizo contra ella para cortar la instrucción del caso de David Sánchez Pérez-Castejón que hoy juzga la Audiencia Provincial de Badajoz. Este PSOE no cree en la democracia porque no hay democracia sin Estado de derecho. Y está claro que su fe en el Estado de derecho es la misma que la mía en la cosmología.

De cara a las elecciones generales de 2027, la situación en que vivimos es muy grave. Es evidente que Sánchez y los suyos están dispuestos a hacer todas las trampas que sean necesarias para permanecer en el poder. Lo más grave, a día de hoy, es cómo se está inflando el censo con nietos, bisnietos y tataranietos de españoles que se fueron de España al exilio. En la actualidad es posible que un descendiente de un nacionalista vasco que se fuera a Venezuela en 1939 y nunca haya pisado el País Vasco, vote en esa región en las elecciones generales. Pero una víctima de ETA que tuvo que abandonar San Sebastián en 1980 no puede votar allí. Y la diáspora provocada por ETA son cientos de miles de vascos.

Ayer tuvimos en Colombia un buen ejemplo de lo que puede venir. Las políticas radicales, corruptas e incompetentes de Gustavo Petro han desencadenado un auge de una alternativa también radical de la que dicen que es de extrema derecha. Curiosamente, al candidato comunista, Iván Cepeda, no le llaman de extrema izquierda. La extrema izquierda está en la Presidencia con voluntad de perpetuidad por derecho propio. Ahora se encuentra con que el éxito de De la Espriella es por oposición a la barbaridad de sus últimos cuatro años más que por el programa político del ganador de la primera vuelta. Y quizá la salvación del proceso electoral, por más que denuncie Petro que no se cree el recuento de la empresa de los hermanos Bautista –la misma que hizo el recuento que ganó él–, es que, en su última visita a Washington, Trump le exigió a Petro elecciones transparentes.

Amo profundamente a Colombia, mi segunda patria. Pero espero que no sigamos por su vía política.