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Víctimas de ETA denuncian que la Audiencia Nacional cancela por 4º vez su declaración como testigos en un juicio por los 'ongi etorris'

La Audiencia Nacional ha vuelto a suspender la declaración de Ana Velasco Vidal-Abarca y Eduardo Lázaro Ezquerra, hijos de Jesús Velasco Zuazola y de Eugenio Lázaro Valle —ambos asesinados por ETA en 1980 en Vitoria— en el marco de una nueva investigación a seis miembros de ‘Kalera Kalera’ y de SORTU, por la comisión de presuntos delitos de organización criminal y enaltecimiento del terrorismo por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020. Esta es ya la cuarta vez que se cita a estas víctimas del terrorismo para declarar como perjudicadas por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y se anula su declaración sin llegar a escucharlas. En la Audiencia Nacional nunca se ha escuchado la declaración de ninguna víctima como perjudicada por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, según han asegurado ambas víctimas en un comunicado.

Esta causa se abrió tras el archivo de una investigación anterior, relativa al homenaje celebrado al terrorista de ETA Ramón López de Abechucho en Vitoria el 5 de julio de 2018, tras la salida de prisión del citado terrorista. Entonces, la Audiencia Nacional suspendió la declaración de Ana Velasco Vidal-Abarca y de Eduardo Lázaro, después de haberlos citado. Ahora, tras reabrirse la vía judicial con una nueva denuncia, el patrón se repite: las víctimas son llamadas a declarar, preparan su testimonio con el peso emocional que ello implica, y finalmente se les vuelve a impedir ser escuchadas, sin siquiera ofrecerles una explicación de por qué.

Ana Velasco Vidal-Abarca ha asistido al juicio a los citados acusados, en el que se ha llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes por el cual se han establecido penas de seis meses de prisión y multa de 10 euros diarios. Sin embargo, esta condena ni siquiera se va a cumplir porque se ha suspendido la ejecución de la sentencia, dado que los acusados han reconocido los hechos y se han comprometido a no delinquir durante tres años y a no participar en otros actos de homenaje a terroristas. «Estamos en contra de que se dejen impunes los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas», han afirmado Ana Velasco Vidal-Abarca y Eduardo Lázaro Ezquerra en el citado comunicado.

Por otra parte, han denunciado «el trato humillante e injusto» que están recibiendo por parte de la justicia española. «El hecho de que en cuatro ocasiones se nos haya citado a declarar a víctimas directamente afectadas por estos homenajes públicos a terroristas para luego suspender sin explicación nuestra comparecencia. Esto es un claro reflejo del abandono institucional y del profundo desprecio con el que se nos trata», han lamentado.

«La humillación no solo se produce en las calles, cuando los asesinos de nuestros familiares son recibidos entre vítores, aplausos y danzas en su honor. Se produce también en los tribunales, cuando la justicia se niega a ofrecernos la mínima dignidad de ser escuchadas. Esta reiterada suspensión de nuestras declaraciones constituye una nueva revictimización que perpetúa el daño causado por el terrorismo y alimenta la impunidad de quienes lo han apoyado y jaleado», han señalado.

Dinámica de impunidad

Ambas víctimas han subrayado que el «desprecio institucional a las víctimas no es un hecho aislado». Se enmarca, a su juicio, en una «preocupante dinámica de impunidad hacia el entorno político y social del terrorismo de ETA que no ha hecho más que incrementar en los últimos años, especialmente desde que EH Bildu es socio necesario del gobierno de Pedro Sánchez». En este punto han recordado que, desde octubre de 2021, tras la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco, se han concedido 105 terceros grados a 84 presos de ETA, sin que estos hayan mostrado el más mínimo arrepentimiento, requisito que exige la ley. Además, han apuntado a que dieciocho de estos etarras han recibido el tercer grado en más de una ocasión, incluso después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurriera las decisiones y fueran revocadas. «A pesar de ello, las concesiones continúan», han lamentado.

Mientras tanto, han añadido, «la estrategia del enaltecimiento del terrorismo se ha adaptado: aunque los 'ongi etorris' públicos han desaparecido en los últimos dos años por intereses políticos de EH Bildu, otro tipo de actos de apoyo a ETA no han cesado (pintadas, pancartas, manifestaciones, etc.)».

COVITE registró en 2024 un total de 421 actos de enaltecimiento y apoyo a ETA, y en 2025 ya han contabilizado más de 150 actos solo en el primer semestre del año. Manifestaciones, pintadas, pancartas, homenajes y fiestas populares siguen sirviendo como herramientas de exaltación del terrorismo en el espacio público con total impunidad.

«Las víctimas del terrorismo merecemos Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Pero lo que estamos recibiendo es silencio y desprecio mientras se otorga a los terroristas impunidad y privilegios. Exigimos a la Audiencia Nacional y a todas las instituciones públicas españolas que pongan fin a esta dinámica de desamparo y que garanticen, de una vez por todas, que las víctimas seamos tratadas con el respeto que merecemos y que la ley nos reconoce», concluye el escrito de Velasco y Lázaro.

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