Concentración histórica  Multitudinaria protesta de jueces y fiscales contra el Gobierno: «Es vital que la política saque sus manos de la Justicia»

Ante la sede del máximo exponente del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, jueces y fiscales, han reivindicado su protesta: «Estamos aquí para defender lo de todos (...)», arrancaba el manifiesto suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), las cinco entidades convocantes del acto. Una cita a la que se ha adherido el grupo de profesionales en defensa del Estado de Derecho, entre los que se encuentran el Sindicato de la Policía Nacional (CEP), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, los Inspectores de Hacienda del Estado o la Asociación Profesional de Interventores y Auditores del Estado, entre otros.

«Denunciamos lo que estamos observando y, por ello, estamos obligados a comunicar a la sociedad. Como jueces y fiscales europeos, que también somos, no podemos callarnos», ha comenzado la decana de los jueces de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco.

«La Constitución de 1978 implantó en España el Estado de Derecho al sancionar tres cosas: en primer lugar, el imperio de la ley, esto es, todos estamos sometidos a las leyes, también, nuestra clase política; en segundo lugar, la separación de poderes, porque la acumulación de todos los poderes en unas mismas manos da lugar a la tiranía; y, en tercer lugar y consecuencia de lo anterior, la existencia de un Poder Judicial independiente. ¿Independiente de qué?», se preguntaba del Barco ante los asistentes. «Pues de toda injerencia política. Y no porque sí, sino para poder servir de garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Esta independencia judicial, por tanto, es clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea» que, hoy, «está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas» que el Gobierno ha puesto en marcha.

«Entre las cuales», ha recordado la decana de la Magistratura madrileña, «se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal» con el que el Ejecutivo aspira a regularizar la situación de más de 1.000 profesionales interinos, sin oposición, a través del «anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)».

«Selección ideológica de jueces»

«El primero es un proyecto que no responde a demanda social alguna y que, además, está siendo tramitado por vía de urgencia sin ninguna razón para ello, como no sean las prisas que impone la actualidad informativa que todos conocemos», ha continuado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

El magistrado ha recordado cómo los planes del Gobierno recibieron «un informe Técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial». No en vano, la modificación normativa en curso « va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más susceptibles de filtración», ha denunciado Oliva.

Por no hablar de cómo el Ejecutivo socialista aspira a «meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» o de cómo, «y esto es bastante grave, pretende crear un centro de preparación de opositores directamente dependiente del Gobierno». Es decir, «el Poder Ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del Poder Judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de nuestro país», ah advertido el representante de la AFJV a todos los presentes en la Plaza de la Villa de París.

Y, todo ello, ha explicado, «sin que Europa lo exija». «Se quieren modificar las bases de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales» a más de un millar de profesionales sustitutos, o peor, a «quienes acumulen tan sólo cinco años de experiencia profesional en lo que sea y mediante la realización de un simple dictamen práctico, yendo en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». Un escenario que «perjudicará a las promociones más jóvenes» y a los «opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal», ha concluido Oliva.

«Continuo ataque al Poder Judicial»

«A la vez que todo esto, y con el segundo anteproyecto» en marcha, «se quiere aumentar el poder del fiscal general del Estado quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», ha explicado, por su parte, la presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Cristina Dexeus.

«Pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, educiendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes», ha puesto en evidencia. «Fiscales a los que, en estas condiciones, se les quiere dar dos cosas: el mando de la policía judicial (UCO y UDYCO, incluidas) y la investigación de los delitos, en sustitución de los jueces de instrucción» que ostentan la competencia exclusiva en la actualidad.

Una crítica que, en ningún caso, ha querido poner en duda «la alta capacitación y profesionalidad de los fiscales españoles», pero sí «cuestionar el sistema en el que se pretende que ejerzan su trabajo» y que, «tal y como se quiere diseñar, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas que interesan a cualquier Gobierno, que son las causas de corrupción».

De hecho, desde la AF han aprovechado la multitudinaria concentración para señalar cómo «estas reformas, además, tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Público como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, esencial para que la misma pueda servir al fin que le corresponde: evitar los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

Una Fiscalía «imparcial, sin injerencias»

Para todos los presentes, como se ha encargado de demandar el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, es vital la «existencia de un poder judicial fuerte e independiente» que «no es un Derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía verdaderamente imparcial y libre de injerencias políticas, una Fiscalía del Estado, no del Gobierno».

Ambas exigencias, «que suponen que la política saque sus manos de la judicatura y la fiscalía, son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país», ha insistido Pallarés.

«No quepa duda, pues, de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo o que se avecinan, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de servir de contrapeso, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder político»,

«Por todas estas razones», ha concluido su intervención el presidente de la APIF pidiendo «la retirada de ambos proyectos». Y, de no ser así, «no tendremos más remedio que acudir a la huelga» que arranca el próximo 1 de julio y se prolongará los días 2 y 3. «Que nadie dude de que los jueces y fiscales no queremos la huelga, nos duelen los justiciables y sus abogados y procuradores porque sabemos que sus pleitos se demoran años por la falta de medios y lo que menos necesitan es una suspensión o un aplazamiento», ha empatizado.

«No queda más opción que la huelga»

En este punto, ha sido Fernando Portillo, representante de Foro Judicial Independiente (FJI) quien ha apelado a la comprensión de los asistentes y a que «nadie olvide que también reclamamos, como llevamos haciendo desde hace lustros, una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la rapidez del servicio que prestamos y, con ello, porque una cosa va con la otra, la calidad del mismo». Unos refuerzos que tendrán que llegar, en todo caso, por los canales previstos y con el mismo nivel de exigencia superado por los profesionales de ambos cuerpos .

«No nos queda más remedio que acudir a esa huelga», ha continuado Portillo, no sin «pedir disculpas por los perjuicios que la misma pueda causar a la ciudadanía», a la que «jueces y fiscales también pertenecemos», y por la que al mismo tiempo, «estamos peleando».

«Muchas gracias a todos los asistentes, compañeros y compañeras jueces y Fiscales venidos de todos los puntos del país. Gracias también a los abogados, procuradores, LAJ, Abogados del Estado y juristas en general que habéis dado un paso adelante porque, como nosotros, conocéis desde dentro los riesgos a los que nos enfrentamos».

«Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por, una vez más, y como tantas otras, estar del lado correcto, el de la ciudadanía a la que protegen. Pero, también, y sobre todo gracias a esos ciudadanos preocupados al ver a sus jueces y fiscales reclamando, no más salario ni mejores condiciones de trabajo, sino una mejor Justicia y una mejor Fiscalía».

«Gracias por haber decidido acompañarnos hoy, independientemente de vuestra ideología, para mostrar vuestro apoyo en la defensa y protección del Estado de Derecho porque el Estado de Derecho no es de izquierdas ni es de derechas: es de todos», ha proclamado el portavoz de FJI como punto y final del manifiesto.