Bolaños pide conocer los jueces y fiscales que hagan huelga para descontarles el salario

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado conocer a los jueces y fiscales que no acudan a su puesto de trabajo durante los tres días de huelga que se ha convocado para protestar contra la ley Bolaños. El ministro socialista pide a las instituciones judiciales que informen, antes de las 14:00 horas, aquellos que no se hayan presentado con el fin de descontarle el salario.

El objetivo del Ministerio de Justicia liderado por Bolaños es «conocer el seguimiento de la convocatoria» y «detraer el salario de quienes la secunden», alegando que se trata de una comunicación «necesaria» para «asegurar el buen uso de los fondos públicos» puesto que el Ministerio es «el órgano pagador de jueces, fiscales y magistrados».

Así lo ha trasladado en la antesala a la huelga de tres días (1, 2 y 3 de julio) que arrancan este martes todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho, si bien el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son «imprescindibles» para modernizar la Justicia.

El Ministerio descontó en 2018, por primera vez, el salario a los miembros de ambas carreras que protagonizaron una huelga, si bien la Audiencia Nacional (AN), tras estudiar el recurso de un juez que impugnó dicha decisión, concluyó que el Ministerio no puede descontar el dinero y le obligó a devolver lo restado.

Si bien el Gobierno ha señalado que «respeta las acciones convocadas para mañana por diferentes asociaciones judiciales y fiscales y a quienes se sumen a ellas, así como a los jueces, magistrados y fiscales que decidan no hacerlo», ha reiterado «la necesidad» de una reforma que «modernizan» las Carreras Judicial y Fiscal «por primera vez en 40 años» y «especialmente» las pruebas de acceso que «son del siglo XIX».

«Se trata de blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir más habilidades además de las memorísticas, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados, que los jueces que preparen a opositores se inscriban en un registro público y establecer un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas para cumplir con la UE y evitar una sanción millonaria a España por la Comisión Europea», ha recordado.