La estrategia de jueces y fiscales para frenar la reforma judicial de Bolaños

Las principales asociaciones de jueces y fiscales, excepto las de perfil progresista, han convocado una huelga de tres días (1, 2 y 3 de julio) en protesta por las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y la Fiscalía. Consideran que estas modificaciones suponen una amenaza a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha rechazado dar marcha atrás y defiende que las reformas son «imprescindibles» para modernizar el sistema.

Las asociaciones critican especialmente el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y la rebaja en el nivel de exigencia para el acceso a estas carreras. Asimismo, cuestionan la ampliación de competencias del fiscal general del Estado, que sigue siendo nombrado por el Gobierno sin «contrapesos» ni filtros previos. Pese a los intentos del PSOE por calmar los ánimos y «mejorar» el texto en el Parlamento, las asociaciones consideran estas promesas un «brindis al sol».

Internamente, la huelga también ha generado división. Asociaciones progresistas como Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que los togados no tienen derecho a huelga, aunque no se prevén sanciones para quienes participen. El fiscal general, por su parte, recordó que deben garantizarse los derechos fundamentales de los ciudadanos durante los días del paro.

Las asociaciones insisten en que «el derecho de huelga es un derecho fundamental» y han organizado servicios mínimos por su cuenta ante la falta de oficialidad. Aseguran que asumirán la pérdida salarial y ya evalúan nuevas medidas de presión tras los tres días convocados. Esta sería la sexta huelga de jueces y fiscales desde 2009, situando a Bolaños entre los ministros que han enfrentado una movilización de este tipo.