Los fiscales temen represalias por secundar la huelga convocada contra la 'ley Bolaños'

'Listas negras', esquiroles y la sospecha de que se barajan sanciones disciplinarias para aquellos que, durante los días 1, 2 y 3 de este mes, asistan a la huelga convocada por dos de las tres asociaciones profesionales de la Carrera contra la denominada 'Ley Bolaños'. A raíz de las instrucciones dadas por el fiscal general del Estado sobre la imposibilidad de ordenar y garantizar los servicios mínimos necesarios, son varios los jefes territoriales que ya han remitido las correspondientes advertencias a sus subordinados deslizando las «responsabilidades» individuales de quienes, al unirse a las protestas, puedan «causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos». Una maniobra que a juicio de los fiscales «vulnera» su «legítimo derecho» de protesta.

En esta línea , por ejemplo, se mueve la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coprocesada con Álvaro García Ortiz en el Supremo quien, en un comunicado remitido a los miembros de su territorial, el pasado 27 de junio, al que ha tenido acceso en primicia El Debate, advierte de la necesidad de «informar de cualquier incidencia que se produzca en los mencionados días», para los «señalamientos previstos» durante las fechas fijadas para el arranque de las medidas de conflicto colectivo.

Una posición que ya ha sido recurrida ante el propio García Ortiz por la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ambas con representación en el Consejo Fiscal, al entender que el máximo titular del Ministerio Público está «cercenando el ejercicio del derecho de huelga» que, cuando él presidía la Unión Progresista de Fiscales (UPF) reivindicaba en sentido contrario.

Los fiscales no están por la labor de renunciar a los paros previstos a partir de este martes, a nivel nacional, e insisten en que castigar la asistencia a las jornadas de paro podría ser para los superiores jerárquicos detonante de «responsabilidad penal», de acuerdo con lo recogido en los artículos 315 o 542 del Código Penal y, como mínimo, constitutivo de un delito de prevaricación.

Defensa de los ciudadanos y servicios mínimos

De hecho y dado que la Administración de Justicia se trata «de un servicio público esencial para la atención a los ciudadanos», cuyo derecho fundamental están defendiendo jueces y fiscales, estos últimos han establecido «unos servicios mínimos imprescindibles». Y lo han hecho «ante la ausencia de una determinación concreta y precisa por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado» dado que no hay regulación expresa sobre esta materia.

De acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Huelga a El Debate, habrá un servicio de guardia permanente durante los 3 días de paro para las «actuaciones con detenido, medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, conservación urgente de datos de operadores telefónicos», sin que tengan la consideración de servicios mínimos «los juicios inmediatos de delitos leves, ni los juicios rápidos por delito sin detenido».

En relación con el orden Penal, quedará cubiertas todas las «actuaciones en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial y las medidas cautelares personales». Mientras, en el Contencioso-Administrativo, Social y Mercantil, las que impliquen «medidas cautelarísimas»; al igual que los casos en los que obren «medidas cautelares» cuando se trate de Menores.

Para los asuntos más sensibles como Familia: "Medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad; internamientos involuntarios; procedimientos previstos conforme a los artículos 156 y 158 del Código Civil; sustracción de menores, recogida en los artículos 778 quater y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); internamientos de menores, del artículo 778 bis LEC; ejecución de medidas de protección de menores, según el artículo 778 ter LEC; medidas cautelares del artículo 762 LEC; y, actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan ser suspendidas con antelación.

Para el orden Civil, las «medidas provisionales cuyo aplazamiento pueda causar perjuicio irreparable, las decisiones sobre suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad; y, los procedimientos de donación de órganos de donantes vivos, previstos en los artículo 78 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV)».

En cuanto a Violencia de Género: «Todas las órdenes y medidas de protección, las actuaciones con intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan ser suspendidas, la regularización de la situación personal de detenidos, las causas con preso, las medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad y los procedimientos conforme a los artículos 156 y 158 del Código Civil».

Por último, en materia de Vigilancia Penitenciaria, los fiscales atenderán en todo caso las «resoluciones relativas a penas privativas de libertad y la resolución de peticiones o quejas de internos cuando afecten a derechos fundamentales».

En relación con los Juzgados Decanos seguirán el «reparto de asuntos urgentes que puedan causar perjuicio y el mantenimiento del servicio continuado de guardia».

Unas previsiones con las que los fiscales «buscan garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales durante los días de la huelga, al tiempo que se ejerce el legítimo derecho a la protesta por parte de los profesionales convocados».