El discurso de Sánchez tras sus cinco días de «reflexión» contenía varias pistas sobre lo que tramaba

El auto que el juez Santiago Pedraz emitió el martes sitúa el inicio de la cloaca del PSOE en una reunión celebrada en Ferraz el viernes 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez anunciara un «periodo de reflexión» de cinco días tras la imputación de su mujer.

En ella participaron el entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, su número dos, Juan Francisco Serrano, el director de comunicación del partido, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y un miembro del círculo de confianza de Sánchez en la Moncloa: el entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando. Después hubo una veintena de encuentros más. Ahí se puso en marcha la operación para acabar con jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas. Operación de la que, según el magistrado instructor, el «one» estaba al tanto. Extremo que en la Moncloa y en Ferraz negaron en el pasado y niegan también ahora.

Transcurrido aquel fin de semana, Sánchez compareció el lunes 29 de abril en la Moncloa para anunciar que se quedaba. Fue una declaración institucional sin preguntas, como tantas otras veces. En su discurso de aquel día, y en la entrevista que horas después concedió a TVE en el prime time, el presidente dejó frases que nadie supo leer entrelíneas. Pero que, releídas ahora, se explican mucho mejor. No era justicia lo que buscaba, sino venganza. No era regeneración, sino una tapadera.

La primera pista que Sánchez dio fue cuando afirmó: «Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo». Pero resulta que no era un anuncio, sino una advertencia. Y añadió, a renglón seguido: «Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades», cuando lo que estaban cocinando sus subalternos a escasos kilómetros era una kitchen del PSOE. Financiada, además, con dinero cuya procedencia investiga la Audiencia Nacional.

El presidente señaló también: «O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país». Y: «Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego». Reglas que después intentó cambiar con la que se vino en llamar la ley Begoña: una proposición de ley que los socialistas presentaron en enero de 2015 en el Congreso para intervenir la Justicia por la vía rápida, ante el avance de los casos de corrupción que afectaban a Sánchez.

Con ella pretendían limitar la acusación popular para que entidades como Manos Limpias y Hazte Oír no pudieran ejercerla, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa y aumentar los motivos para recusar a un juez. Era tal bodrio legislativo que el PSOE acabó teniéndola que retirar de la tramitación parlamentaria el pasado mes de noviembre, al no lograr ni un solo apoyo entre sus socios. Aunque reciclaron y enmascararon parte de su contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que actualmente está en tramitación (y que tampoco tiene ningún viso de ser aprobada).

En esa declaración institucional del 29 de abril de 2024, el presidente abogó por «una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango coloniza impunemente la vida política, la vida pública, contaminados de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años». Crear una trama que utilizó el chantaje, la extorsión, el descrédito y la destrucción reputacional para «desestabilizar» las causas judiciales que afectan a Sánchez, su Gobierno y su partido no es precisamente «juego limpio».

Y continuó con su arenga a los españoles así: «Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España».

La cloaca del PSOE siguió funcionando durante casi 12 meses. La última reunión en Ferraz a la que Pedraz alude en su auto fue el 11 de abril de 2025. Mucho antes, en septiembre de 2024, el Gobierno aprobó su Plan de Acción por la Democracia. Supuestamente para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información. La realidad es que era un amasijo de reformas legislativas que suponía una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Enseguida se intuyó que era un enorme castillo en el aire levantado por el Ejecutivo con menos apoyos de la democracia, 147 escaños de 350. Así fue: las medidas que contenía no llegaron a ningún puerto por la precariedad parlamentaria de Sánchez.

En la entrevista que la noche de aquel día concedió a TVE fue aún más lejos de lo que había ido en la Moncloa horas antes e interpeló a los jueces: «A mí me gustaría que también que los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la Judicatura en general fueran consciente de que este Gobierno lo que quiere es ayudar, contribuir al buen nombre y al fortalecimiento de uno de los principales poderes de nuestra democracia, como es el Poder Judicial». Cuando la cloaca del PSOE ya se había puesto en marcha para intentar destruir, especialmente a dos jueces: Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, y Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Sánchez. El juicio oral de este último empezó el jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz.