Europa suspende al Gobierno por la separación de poderes en vísperas del arranque a la revisión de la amnistía

La solución que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que dictar «antes de final de año» sobre las cuestiones prejudiciales que un total de cuatro organismos españoles –Tribunal de Cuentes, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de Vilanova i la Geltrú– contra la amnistía aprobada por el Gobierno, a la medida de sus socios separatistas de Junts, no será una sentencia política.

De hecho, y tras filtrarse hace algunas semanas el sentido de las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la Comisión Europea en relación a la polémica norma española, en las que se dudaba del encaje de una calificada «autoamnistía», se provocó un notable malestar entre los comisarios. Un órgano colegiado que, en el ámbito europeo, es poco partidario de hacer lecturas amplias, más allá de lo estrictamente jurídico, sobre asuntos internos de los estados miembros.

Por ello, y desde entonces, se han intensificado las cautelas adoptadas en relación con el procedimiento que tendrá su máximo exponente –previo a la ponencia y las deliberaciones de los magistrados, un total de 15 de los 27 que integran el total del cuerpo de la magistratura– en las dos vistas públicas que se celebrarán lugar el próximo martes día 15 en la Gran Sala de la Corte de Luxemburgo.

Sin embargo, la cita no será ajena a las recientes recomendaciones formuladas por la propia Comisión Europea al Gobierno de nuestro país, en materia de salud del Estado de Derecho; ni de la visita de la delegación compuesta por representantes de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales para denunciar –ante la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y la vicepresidenta ejecutiva de la comisión, Henna Virkkunen– los peligros de la doble reforma normativa en curso, la denominada ley Bolaños, para la separación de poderes y la independencia judicial en España.

Precisamente, en la última versión del informe anual de la Comisión sobre la salud de nuestra democracia, para la que la aprobación de la amnistía ha supuesto un desafío negativo, el Ejecutivo ha vuelto a acumular una batería de tareas pendientes necesarias para mejorar el sistema interno y, con ello, aproximarlo a los estándares del resto de los miembros de la UE.

Así las cosas, y aunque la Comisión Europea se congratula del acuerdo alcanzado por Partido Popular (PP) y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se sigue poniendo el foco en la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales de origen judicial (12 de los 20) que, según las indicaciones de la Comisión de Venecia, habrían de ser elegidos por los jueces amenazados por los crecientes intentos de injerencia del poder político, a los que también se hace referencia expresa.

En especial, sobre la Fiscalía General del Estado (FGE), en línea con el esfuerzo por reforzar la independencia de nuestro sistema judicial, la Comisión Europea recomienda a España fortalecer su Estatuto, con la separación de los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno.

Y lo hace en un sentido diametralmente opuesto al proyecto registrado por los socialistas en el Congreso, que aspira a blindar al actual titular del Ministerio Público, pese a estar procesado por un delito de revelación de secretos, y a perpetuar, a futuro, el «poder omnímodo» del cargo, mermando los contrapesos internos.

Un plan que se agrava si se tiene en cuenta que, en la misma modificación normativa, actualmente en tramitación parlamentaria, el Ejecutivo aspira a entregar la instrucción de las causas penales que cercan a varios de sus miembros por asuntos vinculados con la corrupción.

Tal es así que, la Comisión Europea ha recordado a España que no consta evidencia alguna de que cuente con la obligatoria estrategia de lucha contra la corrupción, ni ha creado la autoridad estatal independiente que debe proteger a los denunciantes, hasta la fecha. Además reprocha que hay comunidades autónomas que incluso habrían dado pasos atrás cerrando sus oficinas antifraude.

Sobre lucha contra la corrupción de alto nivel, la que aspira a borrar de un plumazo la amnistía que implicó graves delitos de malversación, la Comisión insiste en la necesidad de revisar el proceso penal que, actualmente, con sus límites de duración máxima del procedimiento de instrucción dificulta la capacidad de destapar los grandes entramados de corrupción.