Fiscalía y Abogacía defenderán la amnistía del Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE

Un año después de la aprobación de la ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, a cambio de los siete votos de los diputados de Junts en el Congreso, para su investidura como presidente del Gobierno, en noviembre de 2023, la Justicia europea entrará, este martes, por primera vez, en el fondo de la polémica norma de borrado penal del procés.

Así las cosas, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se dispone a celebrar dos vistas clave antes de decidir si el texto, declarado constitucional por nuestra Corte de Garantías, es compatible con el ordenamiento comunitario en materia de terrorismo y malversación de fondos públicos, entre ellos, parte del erario de los veintisiete. Pese a la oposición férrea de las víctimas del terrorismo y de la Sociedad Civil Catalana (SCC) y del informe negativo de la Comisión, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado españolas se preparan para defender que el asunto no afecta a materia armonizada por la UE, sino que se trata de un asunto de ámbito interno.

Por una parte, el Ministerio Público sostiene, en líneas generales, que la ley no contiene ningún aspecto que motive la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas (TC) a instancias de una denuncia de SCC contra varios de los cabecillas políticos del procés que podrían haber incurrido en una responsabilidad contable por el uso irregular de fondos públicos del Gobierno catalán por valor de casi 5 millones de euros. Presuntamente, una parte de dicho importe, inicialmente previsto para otros fines, se desvió para promover internacionalmente y financiar el referéndum inconstitucional del 1-O.

Mientras la acusación popular, y por extensión el TC, albergan severas dudas sobre la compatibilidad de la amnistía –que excluye de su ámbito de aplicación los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea– con algunas Directivas comunitarias anticorrupción; la Fiscalía española, que reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados (tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas) apuesta por debatir el asunto en sede doméstica, lejos de los focos europeos.

No en vano, el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instaba a los fiscales españoles a que se pronunciasen, en todos los casos y para todos los delitos, incluida la malversación, a favor de aplicar la Ley Orgánica. García Ortiz, quien fijó los criterios de interpretación de la norma para la Carrera, consideró que la voluntad del legislador español alude claramente en el texto normativo a que el desvío de fondos «limitado» al referéndum está incluido en el ámbito de la norma y, por lo tanto, deben ser amnistiados.

Además, el fiscal general calificó de «insuficientes» e «incompletos» los argumentos de quienes defienden la supuesta colisión de la medida de gracia, a la carta para los independentistas, con las leyes europeas. Un argumento que la Fiscalía continuará en Luxemburgo.

No hay intereses económicos europeos

Por su parte, la Abogacía del Estado apunta a una defensa de la postura del Gobierno que, desde las últimas elecciones generales del 23 -J, apunta a la conformidad de la norma con nuestro Estado de Derecho y descarta la concurrencia de intereses comunitarios afectados por la malversación de fondos públicos en la que habrían incurrido los separatistas procesados o condenados ante el Supremo.