Sánchez concede la independencia fiscal a Cataluña a costa de empobrecer al resto

El Gobierno de Pedro Sánchez soliviantó este lunes a las comunidades del régimen común al poner la primera piedra de un cupo catalán que, de facto, supondrá la quiebra del sistema actual de financiación. Dos días antes de la comisión bilateral entre el Ejecutivo de España y la Generalitat de Cataluña, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda aún defendía en Cádiz: «Nunca habrá privilegios de unos territorios contra otros». Ayer no solo se borró de la foto del agravio y envió a su secretario de Estado de Hacienda (aprovechando que la comisión la preside el ministro de Política Territorial y no ella), sino que además estuvo desaparecida todo el día.

El acuerdo, un pago del PSOE a ERC por la investidura de Salvador Illa del verano pasado, tiene dos direcciones. Por un lado, Cataluña podrá recaudar el 100 % de los tributos y decidir lo que aporta a la caja común, lo que invierte los términos actuales (ahora es el Estado el que recauda y reparte). Empezando por el IRPF; aunque no llegará a tiempo para la campaña de la renta del año próximo porque la Agencia Tributaria de Cataluña tiene que reforzarse mucho para pasar de recaudar 5.000 millones de euros anuales a 30.000.

Por el otro, incluye una especie de cláusula antiAyuso, al comprometerse a «introducir mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja». Esto va por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que Cataluña, y la izquierda en general, se quejan recurrentemente de que el Ejecutivo madrileño practica el «dumping fiscal», perjudicando al resto de las comunidades.

Uno a uno, todos los presidentes regionales del PP salieron en tromba este lunes contra el pacto, alcanzado a espaldas del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del que no se habló en la última Conferencia de Presidentes, celebrada el mes pasado precisamente en Barcelona. Ayuso advirtió de que la Comunidad de Madrid acudirá a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional y donde haga falta ante esta «sentencia de muerte contra España». El presidente de Aragón, Jorge Azcón, llamó a una «rebelión cívica» ante tamaña «insolidaridad». La de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lo definió como «pura corrupción política». «No vamos a morder el anzuelo», añadió.

Desde Asturias y Castilla-La Mancha, únicas comunidades del régimen común gobernadas por el PSOE (al margen de Cataluña), también hicieron sonar los tambores de guerra contra un acuerdo que tendrá que sustanciarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Congreso, con la reforma de varias leyes. La más importante, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Independientemente de los trámites y plazos para hacerla efectiva, lo que el Gobierno de Sánchez está concediendo a Cataluña es su independencia fiscal. Pactada con un partido, ERC, que tiene como presidente a un condenado por malversación de caudales públicos durante el procés. De hecho, Oriol Junqueras sigue inhabilitado para cargo público hasta 2031, a pesar de la amnistía.

Desde la oposición llevan desde la semana pasada advirtiendo que Sánchez está decidido a acelerar el desguace de España a cambio de la connivencia de sus socios con la corrupción del caso PSOE. Junts ha aprovechado la tramitación de las llamadas leyes Bolaños para pedir también la independencia judicial, con la creación de una especie de tribunal supremo catalán (una vieja aspiración contemplada por primera vez en el Estatut) y un CGPJ catalán. Sin perder de vista la gran aspiración: la consulta. En el pacto de investidura entre el PSOE y los de Carles Puigdemont, estos últimos dejaban claro que su fórmula es la de «un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Es decir, convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno.

A mayores, este martes Sánchez se reúne con el lendakari, Imanol Pradales, para cerrar el traspaso al País Vasco de varios asuntos relativos a la Seguridad Social. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó ayer que el viernes volverá a llevar al Consejo de Asuntos Generales de la UE el debate sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea.

La tramitación del cupo catalán va a coincidir con la activación del reloj electoral en las comunidades. El año que viene tocan elecciones en Castilla y León y Andalucía y, el siguiente, en la mayoría. Éste es un debate envenenado para los candidatos del PSOE. La coartada que ha buscado el Gobierno es que otras comunidades podrán adherirse en el futuro a este sistema de recaudación si así lo desean. Es el mismo argumento que los socialistas emplearon con la quita de la deuda, que era bueno para todas (una condonación que aún no se ha hecho efectiva, porque el proyecto de ley que la debe articular ni siquiera ha llegado al Consejo de Ministros en primera vuelta, como anteproyecto). La cuestión es que ninguna región desea la cesión del 100 % de los tributos ni ninguna lo ha pedido, solo el independentismo catalán.