Pardo de Vera instaló un sistema de inflado de contratos y la UCO sospecha que los sobrecostes fueron para mordidas

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, instaló durante su gestión un sistema sistemático de inflado de contratos que, en estos momentos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando de manera minuciosa. De hecho, los agentes sospechan que los sobrecostes que autorizó Pardo de Vera pudieron servir para el pago de comisiones ilegales. La exalto cargo del Gobierno declarará este lunes en la Audiencia Nacional, donde está imputada por cinco delitos, entre los que figura pertenencia a organización criminal.

Las pesquisas han puesto el foco en una práctica que, lejos de ser excepcional, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, se convirtió en habitual durante la etapa de Pardo de Vera al frente de Adif. Entre 2020 y 2022, más de la mitad de los contratos públicos de obra adjudicados por esta empresa pública fueron modificados al alza tras su adjudicación. De los 21 expedientes analizados, 11 presentaron incrementos de presupuesto, lo que representa un 52,1 %. El total de esos sobrecostes ascendió a 68.094.929,84 euros, con un aumento medio del 17,27 % respecto al importe inicial. Estos incrementos se sustentaban en justificaciones débiles, repetitivas y, en varios casos, contradictorias. Los modificados se explicaban por supuestos problemas imprevistos del terreno, ajustes técnicos o necesidades de coordinación, pero sin informes técnicos sólidos que respaldasen esa necesidad.

En algunos expedientes, las redacciones eran prácticamente calcadas entre sí, como si se tratara de un patrón preestablecido para enmascarar aumentos presupuestarios pactados de antemano. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la remodelación del entorno de la estación de Mercat Nou (Barcelona), adjudicado inicialmente por 4,9 millones a Rover Infraestructuras SA. El contrato fue modificado en 1,5 millones más, lo que supuso un incremento del 30,79 %. También destacan el modificado del 18,87 % en un contrato a la empresa CAF para la estación de Arahal (Sevilla) y el aumento de más de dos millones autorizado en la obra del AVE en Valencia adjudicada a Comsa. Según la investigación, 22 empresas concentraron todos los modificados detectados durante ese periodo.

La Guardia Civil investiga si ese reducido grupo mantenía una relación privilegiada con responsables públicos del Ministerio de Transportes o de Adif, lo que explicaría el patrón de adjudicación sistemática y posteriores incrementos de importe. Los agentes sospechan que parte de esos sobrecostes pudieron haberse desviado para el pago de comisiones ilegales, lo que justifica la intensidad de los registros policiales practicados y la solicitud de documentación contable a varias constructoras. Además del uso masivo de modificados, también figura una práctica reiterada de exclusión de ofertas económicas más ventajosas utilizando la figura de la baja temeraria. En al menos seis contratos, se rechazaron propuestas más baratas sin que existiera un análisis técnico suficiente que justificase su inviabilidad.

Esta exclusión permitió adjudicar contratos a empresas con precios más altos que posteriormente también se beneficiaron de los modificados constituyendo este extremo, según un experto en contratación pública al que ha consultado este periódico, «supone una alteración grave del principio de libre competencia». También han sido objeto de escrutinio las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas a los concursos. En varios expedientes se otorgaron puntuaciones con escasa diferencia entre competidores y sin argumentación detallada, lo que hace sospechar de una posible manipulación deliberada para favorecer a determinadas empresas.

Algunas adjudicatarias presentaban ofertas económicas muy ajustadas, conscientes de que luego podrían compensar esa baja con modificados pactados. «Rompe la lógica de la licitación pública competitiva», advierten fuentes conocedoras de la investigación. Paralelamente, la Guardia Civil ha relacionado al entorno político de Pardo de Vera con una estrategia para reforzar su poder dentro de Transportes. Koldo García, asesor de Ábalos, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hoy en prisión provisional, promovieron su ascenso al cargo de secretaria de Estado con la finalidad de ampliar su influencia sobre los procesos de adjudicación. «Todos estos indicios pudieran haber resultado en la motivación del interés mostrado tanto por Santos Cerdán como por Koldo por promocionar a Isabel Pardo de Vera al cargo de Secretaria de Estado», recoge uno de los documentos incorporados al procedimiento judicial.

Los investigadores han vinculado a Pardo de Vera con al menos cuatro adjudicaciones públicas sospechosas: una obra del AVE en Extremadura, mejoras en la estación de Elche, una integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y una adjudicación de emergencia a la constructora Levantina. Estas operaciones son, según los agentes, «ejemplos concretos de intercesión» para beneficiar a determinadas constructoras dentro de un sistema más amplio. La expresidenta de Adif fue objeto de registros en sus domicilios de La Coruña y Madrid los días 25 y 26 de junio, en los que la Guardia Civil incautó material informático y documentación. Entre los papeles hallados en Santiago figuraban documentos sobre la compra de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa epicentro del caso Koldo. La presencia de esta documentación ha sido considerada «muy reveladora» por los investigadores, que ven conexiones operativas entre los casos de adjudicaciones ferroviarias y el reparto de contratos vinculados a la pandemia.

También se inspeccionó la vivienda del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, donde se localizaron 4.750 euros en efectivo. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso considera que existen indicios de que tanto Pardo de Vera como Herrero pudieron favorecer «de manera recurrente» a diferentes constructoras para la obtención fraudulenta de contratos a cambio de contraprestaciones económicas en beneficio del exministro Ábalos y su entorno más próximo. La investigación, aún abierta, mantiene bajo vigilancia a varios antiguos responsables del Ministerio de Transportes. Mientras tanto, la comparecencia judicial de Isabel Pardo de Vera puede marcar un punto de inflexión. Si se constata el modus operandi de modificados, la exclusión deliberada de competidores, la concentración de adjudicatarios y el uso de sobrecostes como vía para canalizar mordidas, el caso podría escalar a una de las tramas de corrupción más graves vinculadas a la obra pública en los últimos años.