Ábalos, Koldo y Cerdán
Tribunal Supremo
El juez Leopoldo Puente prolonga seis meses la instrucción del 'caso PSOE' contra Ábalos, Cerdán y Koldo
La causa especial que dirige contra el exministro de Transportes, su exasesor, el exsecretario de Organización de los socialistas y varios empresarios, entre ellos Víctor de Aldama, se extenderá hasta el próximo 8 de marzo de 2026
Un nuevo plazo de seis meses para investigar la presunta corrupción que salpica al Gobierno y a la cúpula de Ferraz. El instructor del 'caso PSOE', el magistrado Leopoldo Puente, ha dictado un nuevo auto en el que acuerda prolongar la fase de instrucción hasta el próximo día 8 de marzo de 2026. Así lo ha decretado el juez en la nueva resolución a la que ha tenido acceso El Debate.
Entiende el juez Puente que una vez próximos al plazo máximo de doce meses, desde la incoación de la causa, «no será posible finalizar» las pesquisas en curso, de manera que por primera vez ha hecho uso de su prerrogativa de acordar «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses», para asegurar que se podrán practicar todas las pruebas pendientes y necesarias, «por su relevancia, para la investigación».
Así las cosas, y de acuerdo con la legalidad vigente, el magistrado «concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad». Y, cabe recordar que, la causa especial «viene determinada por la condición de aforado de don José Luis Ábalos Meco» que ha arrastrado, también, ante el Alto Tribunal a otras «dos personas que serían también parte pasiva en este procedimiento, don Víctor de Aldama Delgado y don Koldo García Izaguirre» y, recientemente, a Santos Cerdán.
Desde el arranque de la misma, el juez ha señalado que «han sido muy numerosas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha en este procedimiento». «Naturalmente, entre ellas, se ha recibido declaración, en varias oportunidades, además» a los tres principales imputados; «se han recabado los antecedentes penales de todos ellos; se han aportado una gran cantidad de documentos; se ha oficiado a la unidad policial actuante al efecto de que profundice en ciertas líneas de investigación; se ha requerido diversa información al Ministerio de Transportes, a ADIF, a la Dirección General de Carreteras, a la AEAT [Agencia Tributaria], a Ineco, Tragsatec y a muy diversas entidades financieras».
Además, «se han practicado también algo más de una veintena de declaraciones testificales (entre ellas, las de doña Claudia Montes Martínez, don Juan Ignacio Díaz Vidart, don César Moreno García, doña Aránzazu Granell Barbadillo, don Javier Serrano Costumero, don Jesús Manuel Gómez García, doña María del Carmen Pano, doña Leonor María González Pano, don Claudio Rivas Ruiz Capillas, doña Jessica Rodríguez García, don Manuel Salles Carceller, don José Ruz Martínez, don Israel Pilar Ortiz, don Carlos Moreno Medina, don Joseba García Izaguirre, don Víctor Ábalos, doña Ana María Aranda Jaraices, don Alberto Escolano Marín, don Javier Herrero Lizano, doña Isabel Pardo de Vera, don Alejandro de las Alas Pumariño y don Manuel Contreras Caro)».