La presencia del procesado García Ortiz en la apertura del Año Judicial compromete la asistencia del Rey

Uno de los mayores despropósitos en la carrera de fondo en la que Álvaro García Ortiz ha inscrito a la Fiscalía es su empeño inexplicable en continuar al frente de la misma, una vez resultó imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

Ahora, además, al borde del procesamiento formal ante el Supremo –una vez el instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, se pronuncie sobre la posibilidad o no de suspender al fiscal general de sus funciones mientras no haya una sentencia –García Ortiz ha decidido que la mejor manera de abordar la última etapa en su maratón de constantes escándalos, pasa porque el Rey Felipe VI presida el solemne acto de apertura del Año Judicial sentado a su lado, con el único parapeto entre ellos de la presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

Es tal la provocación del fiscal general del Estado, miembro nato del Consejo de Estado, que algunos expertos consultados por El Debate apuntan a la posibilidad, todavía más inédita en democracia, de que el monarca decline su asistencia al evento. Y, para ello, aluden al papel de Don Felipe previsto en el artículo 56 de la Constitución que le atribuye el encargo de «arbitrar y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Es decir, ante un comportamiento «irregular de quienes las representan podría el Rey quedar exento de su presencia», argumentan varios juristas.

Si parece indiscutible que la potestad exclusiva de cesar en el cargo de titular del Ministerio Público recae en el propio García Ortiz, más allá del beneplácito del Gobierno que lo nombró, hasta en dos ocasiones, para ocuparlo; también lo es el hecho de que su asistencia a la apertura del Año Judicial, que se celebrará el próximo viernes día 5 de septiembre, a las 12.00 horas, compromete la imagen de Don Felipe quien, de acuerdo al estricto protocolo de la ocasión, en base al artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), será el encargado de cederle el turno de palabra para la lectura de la Memoria Anual de la Fiscalía.

Una intervención en la que García Ortiz dará cuenta de la evolución de la criminalidad en nuestro país y las políticas de la Carrera que encabeza para la prevención del delito, cuando él mismo se sentará en el banquillo de los acusados por, presuntamente, incumplirla.

No en vano, para Javier Borrego, ex magistrado del TS resulta «estridente» que el máximo exponente de la Fiscalía, que «debe suspender de su actividad a cualquier miembro de la misma que resulte procesado», según lo previsto en el tenor literal de su Estatuto Orgánico (EOMF), se empeñe en continuar a cargo de sus obligaciones «como si nada».