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El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.

Carlos Luján / Europa Press
27/11/2025

El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo. Foto de ARCHIVOEuropa Press

Investigadores ponen el foco en un aumento del 20 % de presupuesto en las obras del caso Koldo

De las once obras escrutadas por la Investigación General de la Administración del Estado en su informe, cinco se refieren a contratos adjudicados por ADIF y seis por la Dirección General de Carreteras

La investigación de la rama del caso Koldo que busca esclarecer posibles mordidas en obra pública ha puesto el foco en el aumento del 20 % del presupuesto en tres obras adjudicadas por Adif a Acciona, en las que se hizo un modificado, incumpliendo la normativa, que aumentó el precio antes de arrancar los trabajos.

La Investigación General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un informe en el que analizan un total de once adjudicaciones de obra pública que forman parte de una pieza separada abierta en el conocido como caso Koldo, y que también detecta un incremento del 20 % en obras encargadas por la Dirección General de Carreteras.

Recientemente, el magistrado incorporó en esta pieza, en la que investiga desde hace tiempo a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, a empresarios y antiguos cargos públicos que estaban imputados en el Tribunal Supremo como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el exdirigente socialista Santos Cerdán. En total, investiga a catorce personas.

De las once obras escrutadas por la IGAE en su informe, cinco se refieren a contratos adjudicados por ADIF y seis por la Dirección General de Carreteras.

Entre ellos figura, por ejemplo, el proyecto de construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, pero también trabajos en carreteras o autovías en provincias como Teruel, Córdoba o un tramo de la autovía A-12 del camino de Santiago entre La Rioja y Burgos; la construcción de una plataforma del corredor del Mediterráneo entre Murcia y Almería o el soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia.

Modificaciones que incumplen la normativa

Los tres proyectos en los que se ha hallado un aumento ligeramente por debajo del 20 % del precio, con modificaciones previas al inicio de las obras, son el soterramiento de dos estaciones de tren en Murcia, las de Barriomar y Nonduermas, el cubrimiento de las vías ferroviarias por el núcleo urbano de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y la construcción de una plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera, en Almería.

Estas tres obras fueron adjudicadas por ADIF en 2019 y su modificado, en los tres casos «incumple la normativa sobre modificaciones».

La de Murcia se adjudicó a una UTE formada por Acciona y Ferrovial por 158,8 millones de euros, a los que luego se sumaron 31 millones más, un incremento de 19,72 %. En el caso de la Sant Feliú, Acciona fue la adjudicataria con un contrato de 51,7 millones, que después se modificó con 10,2 millones más, una subida del 19,83 %. Lo mismo ocurrió con la obra de Almería, que se adjudicó a una UTE de Acciona y Ferrovial por 121 millones a los que se sumaron otros 24, un 19.93 % más.

En cuestión el precio pagado por el Puente del Centenario

La IGAE también cuestiona otros contratos, como el adjudicado por la Dirección General de Carreteras a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet para la construcción de los tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla.

Esta obra se adjudicó en 2021 por 71,4 millones de euros pero después se hizo un modificado por 13,5 millones en junio de 2023 que incrementó el coste un 19,02 %.

La mayor partida de dicho modificado era la sustitución de unas piezas de acero y en ese punto los investigadores discrepan del precio dado por la UTE, puesto que se aplicó el de mercado en junio de 2022 y según la IGAE se debió aplicar el de la primera adjudicación, de mayo de 2021. La inspección del Ministerio hizo en 2022 alegaciones también por el precio del acero. Los investigadores calculan que la diferencia de precio asciende a 5,08 millones de euros.

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