La reforma judicial de Bolaños encalla en el Congreso como la 'ley Begoña'

La reforma judicial de Félix Bolaños va camino de convertirse en el quiero y no puedo del Gobierno, como le pasó antes a la llamada ley Begoña, con la que los socialistas pretendían cercenar la acusación popular (presente en los casos de la mujer y del hermano del presidente), sin ningún éxito hasta ahora.

El polémico proyecto de ley orgánica con el que el Ejecutivo pretende modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lleva tres meses varado en la Comisión de Justicia del Congreso sin un solo avance ni visos de haberlos.

Primera reunión en más de cuatro meses

Este martes, los miembros de la Comisión se reúnen por primera vez desde el pasado 6 de mayo, pero solo por una cuestión organizativa y no de contenido: el hasta ahora presidente del órgano, Francisco Lucas, tomó posesión el pasado viernes como delegado del Gobierno en Murcia, de manera que hay que elegir a su sustituto: será el hasta ahora secretario primero, el también murciano Joaquín Martínez. No hay más puntos en el orden del día, según confirman fuentes de la Comisión a El Debate.

Las condiciones de Junts, que pide a cambio de su apoyo la creación de una especie de tribunal supremo catalán, son uno de los escollos para una reforma contra la que buena parte de la Judicatura se manifestó a comienzos del verano. Y que incluso motivó una huelga. Pero no es el único obstáculo. Los socios de Pedro Sánchez son reticentes a pactar la que el Ministerio llama «la mayor reforma de la Carrera Judicial en 40 años» teniendo el panorama judicial que tienen el presidente y su partido: un ex secretario de Organización del PSOE -Santos Cerdán- en prisión preventiva; otro -José Luis Ábalos- que va camino de ser sentado en el banquillo por el Tribunal Supremo; el partido, pendiente del próximo informe de la UCO; un fiscal general del Estado al que el alto tribunal abrió juicio oral la semana pasada; Begoña Gómez imputada por cinco delitos; y el hermano del presidente procesado por una jueza de Badajoz.

En la reunión que mantuvo este lunes con sus diputados, senadores y eurodiputados en el Congreso, el presidente citó la reforma judicial entre los proyectos que están en tramitación parlamentaria. También se refirió a la reducción de la jornada laboral, tras la derrota del miércoles pasado. Después reconoció que no todos sus planes van a ir como él quisiera esta legislatura: «Algunas de estas medidas saldrán. Otras no serán aún -y subrayó aún- aprobadas, pero no os quepa duda: van a salir adelante en el futuro», sostuvo, con más fe que certeza.

Diversas asociaciones de jueces y fiscales llevan meses clamando contra las leyes Bolaños por suponer un golpe a la independencia judicial. El punto más polémico es el que afecta al acceso a ambas carreras, con la introducción de criterios más subjetivos y politizados, según sus opositores.

Las exigencias de Junts

El Gobierno registró esta doble reforma en la Cámara Baja a mediados de mayo. En junio, Junts ayudó a los socialistas a neutralizar las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PP y Vox. Sin embargo, hasta ahí llegó la actitud colaborativa de los de Carles Puigdemont, que inmediatamente después presentaron 29 enmiendas parciales que, en algunos casos, chocan frontalmente con la Constitución. Como la que pide crear una especie de tribunal supremo catalán que sea el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes en Cataluña, lo que contraviene el artículo 123.1 de la Carta Magna («El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales»). También, la supresión de la Audiencia Nacional, la creación de una especie de CGPJ catalán y la obligatoriedad de que los jueces que ejerzan en Cataluña hablen catalán.

La intención del Ejecutivo era tramitar las leyes Bolaños por el procedimiento de urgencia, para acortar los plazos a la mitad. Pero los socialistas se han chocado contra la pared de Junts. El pinchazo se suma al que han sufrido con la llamada ley Begoña, que en realidad fue bautizada como Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas.

En enero, el PSOE registró esa proposición de ley en el Congreso para intervenir la Justicia por la vía rápida, ante el avance de los casos de corrupción que le afectaban (y que ahora son más). Con ella, los socialistas pretendían recortar la acusación popular, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa, aumentar los motivos para recusar a un juez y, de propina, borrar de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Pero, nueve meses después, el PSOE ni siquiera la ha podido llevar aún al Pleno para su toma en consideración (el primer paso) porque no sigue sin tener los apoyos: Junts votaría en contra.