La expresidenta de Navarra, Uxue Barkos (izda) y la presidenta Chivite en la firma del pacto de Gobierno de 2023
Dos de las tres obras ilegales marcadas por Anticorrupción de Navarra en el caso Cerdán señalan al PNV
Se trata de dos bloques de viviendas protegidas que fueron adjudicadas bajo el Gobierno de Geroa Bai, marca navarra de los nacionalistas vascos
Detrás de la adjudicación de obras a la empresa Servinabar, centro de la trama navarra del 'caso Cerdán', no solo estaba el PSOE de la mano de la actual presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. También el Ejecutivo anterior, que estuvo encabezado por Geroa Bai, la marca navarra del PNV, dio concesiones a esta empresa que pertenecía en un 45 % a Santos Cerdán, según se supo posteriormente a raíz del descubrimiento por parte de la Guardia Civil de un documento secreto que los implicados habían ocultado durante años.
Y es que, tal y como explica el digital navarro Navarra Confidencial, dos de las tres obras señaladas en los informes de la Oficina Navarra Anticorrupción, fueron adjudicadas en el año 2018, cuando en la Comunidad Foral gobernaba Uxue Barkos, que pertenecía a Geroa Bai.
Se trata concretamente de dos bloques de Viviendas de Protección Oficial de 46 y 62 viviendas respectivamente que fueron construidas en el barrio de Ripagaina, en el Valle de Egüés, muy próximo a Pamplona.
Estas viviendas fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, la empresa de Santos Cerdán, por valor de 9,2 y 6,8 millones de euros.
De la adjudicación del primer bloque de viviendas, la Oficina Anticorrupción de Navarra señala que «en este procedimiento se presentó una oferta con un precio que no tenía sentido por ser excesivamente alto, sin ningún motivo aparente, lo cual constituye una señal o indicio de posible caso de colusión», esto es, que se llegara a un acuerdo para que una de las ofertas presentara un presupuesto desorbitado para que sea rechazada pero dando apariencia de variedad de propuestas».
Más clamoroso, si cabe, resulta la concesión del segundo bloque. «La acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios en la actuación de Nasuvinsa (oficina pública de promoción del suelo y vivienda) excede de meras irregularidades administrativas», explica la Oficina Anticorrupción.