La Oficina Anticorrupción concluye que 3 de las 4 obras del caso Cerdán debieron ser anuladas

Tres de las cuatro obras realizadas en Navarra con participación de Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán era propietario del 45 % y epicentro del presunto cobro de mordidas del caso Cerdán no deberían haber sido adjudicadas según los informes de la Oficina Anticorrupción de Navarra debido a las numerosas y graves irregularidades producidas durante el proceso.

Y la cuarta obra, en la que no participa Servinabar pero sí Alegure, empresa creada también por el dueño de la primera, Antxon Alonso, no incurrió en tantas irregularidades, pero la Oficina sí que advierte que fue concedida con el único motivo de ser la más barata, sin tener en cuenta los fundamentos técnicos de otras propuestas.

La principal obra cuya adjudicación tenía que haberse anulado, es la de la ampliación de los túneles de Belate, la obra pública más grande adjudicada en Navarra en la última década, que fue adjudicada por un valor de 76 millones de euros.

El informe de la Oficina Anticorrupción de Navarra considera que las irregularidades detectadas «suponen la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por lo tanto, de la propuesta de adjudicación».

En este caso la principal infracción es que el presidente de la mesa de contratación determinó su puntuación sobre las propuestas presentadas después de conocer la valoración de los demás integrantes. Y es que su puntuación fue la que adjudicó las obras a Servinabar y Acciona. Además, el informe constata que se levantaron actas de reuniones de la mesa de contratación celebradas únicamente mediante el intercambio de correos, sin que mediara ninguna reunión. Incluso este fue el procedimiento de la última reunión, la que estableció la adjudicación.

El Gobierno de Navarra lo niega todo

El Gobierno de Navarra lo niega todo. En primer lugar, antes incluso de que se conociese el informe de la Oficina Anticorrupción, el Gobierno de Navarra convocó una rueda de prensa para dar a conocer de su propia boca estos informes. En la misma, Félix Taberna aseguró que los informes sólo apuntaban «irregularidades administrativas». Lo que no dijo es que se trataba de «infracciones esenciales» que anulaban de pleno derecho la adjudicación.

Más tajante fue el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien adjudicó dichas obras. Según aseguró «seguimos pensando que la adjudicación de las obras de Belate es legal y transparente y que irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción».

Pero es que, apenas unos minutos antes, Óscar Chivite, negó incluso esas «irregularidades administrativas» ya que, según aseguró, «las reuniones telemáticas están amparadas por la Ley» y que «el presidente de la mesa de contratación tenía su puntuación de las propuestas incluso antes de que los demás integrantes de la mesa emitieran las suyas propias».

Viviendas de Protección Oficial

Las otras dos obras en las que la Oficina Anticorrupción ha localizado irregularidades son sendos edificios de vivienda protegida. En concreto, un bloque de 46 viviendas que se adjudicó en algo más de 9,2 millones de euros y otra de 62 viviendas por valor de 6,8 millones sin IVA. Ambas en Ripagaina, un barrio del Valle de Egüés, pegado a Pamplona.

En este último bloque, Anticorrupción estima que «la acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios en la actuación de Nasuvinsa (oficina pública de promoción del suelo y vivienda) excede de meras irregularidades administrativas».

Respecto al primer bloque de viviendas protegidas, la Oficina señala que «en este procedimiento se presentó una oferta con un precio que no tenía sentido por ser excesivamente alto, sin ningún motivo aparente, lo cual constituye una señal o indicio de posible caso de colusión», esto es, que se llegara a un acuerdo para que una de las ofertas presentara un presupuesto desorbitado para que sea rechazada pero dando apariencia de variedad de propuestas.