La hoja de ruta de Zapatero con Puigdemont: inmunidad a cambio de presupuestos
La pérdida de la condición de eurodiputado del líder de Junts y la inminencia de una resolución sobre la retirada de sus privilegios, complican el futuro procesal del prófugo. Una baza que estaría explotando el ex presidente del Gobierno para lograr su apoyo a las cuentas públicas de Pedro Sánchez
Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero se reúnen en Suiza para negociar el apoyo de Junts a los presupuesto
Hace algo más de dos años, en agosto de 2023, justo después de celebrarse las elecciones generales del 23-J que proporcionaron una segunda legislatura a Pedro Sánchez, en El Debate anticipamos, exactamente, lo que ha terminado sucediendo esta misma semana: la visita del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al prófugo Carles Puigdemont, en Waterloo.
No era difícil anticipar, dado el perfil de los concernidos, que Puigdemont no respaldaría gratis la investidura de Sánchez y que exigiría desplegar la primera línea del socialismo para dar empaque al aparato negociador bilateral. Y se ha producido: Zapatero, designado como el emisario del Gobierno para convencer al líder de Junts de su apoyo a los presupuestos.
Por su parte, los separatistas catalanes ya habrían trasladado al PSOE que no piensan apoyarle si antes Sánchez no cumple los compromisos que ha ido adquiriendo en los últimos meses. Entre ellos, la cesión de competencias en materia migratoria, que permitiría a la Generalitat la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros o que los Mossos pudieran controlar la seguridad de puertos, aeropuertos y resto de zonas declaradas «críticas». Pero, también, y muy especialmente la aplicación de la Ley de Amnistía que pese a ser redactada a la medida de Puigdemont, todavía sigue siendo un escollo para que el prófugo pueda regresar a España, sin el temor de ser detenido.
Así las cosas, tras el fracaso del borrado penal inmediato del procés, que proporcionaría impunidad al líder de Junts –tras la resolución con la que el Supremo español ha descartado que la malversación quede incluida dentro del catálogo de delitos– habría abierto puesto en marcha la maquinaria de Moncloa para buscar una alternativa, en este caso, de presión... ¿Y si Zapatero ha viajado a Suiza con una nueva 'hoja de ruta' para presentar la inmunidad de Puigdemont como moneda de cambio de los siete votos favorables de sus diputados en Madrid, en las próximas cuentas públicas estatales?.
No en vano, a Puigdemont se le agotan las opciones para continuar disfrutando de los privilegios de su libertad, campando a sus anchas por una Europa en la que, hasta la fecha, ha tenido bula para sortear las euroórdenes, incluso, la orden nacional de detención que pesa sobre él en España, tras el espectáculo del verano de 2024, en el que pisó Cataluña y huyó sin más, amparado por un semáforo en rojo, como única explicación oficial.
Sin embargo, tras la discusión jurídica inicial, la situación del político catalán se ha traducido en algunos reveses importantes. El último, el informe del Abogado General de la UE, Maciej Szpunar, quien a principios de septiembre proponía al Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) que desestime el último recurso posible planteado por el cabecilla del 1-O, el de casación, contra el levantamiento de su protección como eurodiputado.
De tal manera que, si esto llega a suceder, en los próximos meses –cuando, además, se espera el pronunciamiento del mismo órgano en relación con la cuestión prejudicial planteada por nuestro Alto Tribunal, sobre la legalidad de la amnistía– Puigdemont quedaría fuera del paraguas normativo del que se ha estado beneficiando todo este tiempo. Y, entonces, el Supremo sólo tendría que activar el procedimiento de la reclamación exterior que dejó en suspenso a la espera del aval de Europa.
En ese caso, ¿por qué no poner encima de la mesa de las conversaciones una solución política a la vuelta del fugado, a cambio de su apoyo presupuestario? ¿Por qué no iba Zapatero a deslizar alguna nueva maniobra que facilite las cosas al separatista aunque sea consciente de que, a futuro, cualquier promesa de esta naturaleza tendrá un cumplimiento imposible? ¿Y si resulta que la baza de recurrir al ex presidente socialista como relator no es una cesión a las habituales exigencias de Puigdemont, sino una forma de presionarle en una suerte de última oportunidad? ¿Por qué si no, tanto interés en pedir un Consejo de Justicia y un Alto Tribunal propios para Cataluña?
A estas alturas, tan cierto es que Sánchez se plegará a lo que sea necesario entregar para mantener el favor de sus socios menos fiables, de entre todos los poco fiables que eligió, como que Junts nunca tendrá un escenario político en el que el Gobierno de turno esté dispuesto a tratarlo mejor.