Parte de daños: el Gobierno sale muy malherido del primer mes del curso parlamentario

El primer mes de regreso a la actividad parlamentaria deja un parte de daños cuantioso para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha acentuado la imagen de un Ejecutivo incapaz de legislar por la mayoría antinatura de izquierdas y derechas independentistas sobre la que cabalga.

En los tres Plenos de este inicio de curso han caído: la ley estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura -la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales-; la oficina anticorrupción propuesta por el grupo parlamentario de Sumar, socio minoritario, y apoyada por el PSOE; y la proposición de ley del PSOE y Junts para la delegación de las competencias en materia de inmigración a Cataluña, que además fracturó la bancada de Sumar y provocó dos disidencias, las de los diputados de Chunta Aragonesista y Compromís.

Pero no solo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido reprobada con las abstenciones de ERC, Junts, Coalición Canaria y el BNG. Además, el Gobierno ha tenido que renunciar a la subcomisión que anunció Sánchez para buscar un pacto de Estado contra la emergencia climática ante la falta de apoyos de sus socios, y se ha visto obligado a sustituirla por una ronda de comparecencias de expertos en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático. Y Junts ha sacado adelante una proposición no de ley para endurecer los permisos de paternidad para temporeros inmigrantes, con el apoyo del PP, Vox y UPN y el rechazo del Gobierno y el resto de sus socios. Aunque esta última no tiene efectos prácticos.

A mayores, septiembre acaba el próximo martes y el Gobierno tampoco ha llevado al Congreso el proyecto de Presupuestos de 2026, aun cuando la Constitución estipula que el Ejecutivo ha de llevar a la Cámara Baja las cuentas públicas del ejercicio siguiente «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, el 30 de septiembre como fecha tope. Pero cómo lo va a hacer, si el Consejo de Ministros ni siquiera ha aprobado aún el techo de gasto para el próximo año, que es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos.

Y vienen más curvas. El real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel que el Gobierno aprobó el pasado martes no tiene los votos garantizados para su convalidación en el Congreso, que ha de producirse en octubre. Podemos ha dejado su voto en el aire porque no le gusta la cláusula que ha incluido el Gobierno en el texto, según la cual el embargo se podrá levantar en casos puntuales, por cuestiones de seguridad nacional o de política exterior.

Además, la polémica doble reforma judicial de Félix Bolaños (que pretende modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) sigue encallada en la Comisión de Justicia, y el Gobierno no se atreve a elevarla al Pleno para su toma en consideración porque sabe que caería en la lona en el primer asalto. El partido de Carles Puigdemont es el principal escollo, pero no solo, como contó El Debate el 16 de septiembre.

Y el Senado ha remitido esta semana al Congreso dos nuevas proposiciones de ley para su tramitación: una en apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico y otra para modificar el Código Penal y endurecer el delito de enaltecimiento del terrorismo cuando éste sea cometido por autoridad, funcionario público o representante de un partido político. Dos proposiciones de ley que, como las más de 30 anteriores que el Senado ha enviado al Congreso con la fuerza de la mayoría absoluta del PP, los socialistas bloquearán prorrogando indefinidamente los plazos de enmiendas. Ya es un clásico en esta legislatura, por cortesía de Francina Armengol.

Más allá de los daños visibles, la vuelta de la actividad parlamentaria deja un ambiente enrarecido en el Congreso, con Junts y Podemos boicoteando casi cada iniciativa importante para el Ejecutivo de Sánchez y los socialistas maliciándose que están pensando más en elecciones que en votaciones. Durante el debate sobre la proposición de ley de la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña del martes, el diputado de Bildu Jon Iñarritu lanzó una advertencia a los miembros de la difunta mayoría de investidura: «Todos aquellos partidos que apoyamos la investidura, o somos corresponsables y sensatos, o aquí no se aprueba nada y solo ganan estos señores, que están deseando que se bloquee todo», afirmó, señalando los escaños del PP y de Vox.

A pesar de todo, los socialistas insisten en quitar hierro a la inestabilidad parlamentaria que tienen bajo sus pies. «Oiga, es que tenemos un Parlamento que es el Parlamento que han votado, han decidido los ciudadanos, con una complejidad parlamentaria que nos lleva a hablar, debatir y dialogar con todas las fuerzas parlamentarias. Y oiga, será muy complejo, y habrá una importante representación de fuerzas parlamentarias, pero si vamos a las cosas del comer, en esta legislatura se han aprobado 44 leyes», reiteró la portavoz, Pilar Alegría, el martes en la Moncloa.

El titular es engañoso, por decirlo suave: más de la tercera parte, 16, son reales decretos leyes, aderezados con alguna trasposición de directivas europeas que había que incorporar obligatoriamente al ordenamiento jurídico español. Y está la primera de la lista, cómo no, la ley de amnistía. También, una ley para mejorar las condiciones de los enfermos de ELA que las Cortes aprobaron por unanimidad en noviembre de 2024 y que el Ejecutivo aún no ha dotado de fondos, casi 11 meses después. Dice la ministra de Sanidad, Mónica García, que como no hay Presupuestos, no hay dinero. Pero los 10.471 millones de euros extra del plan de rearme sí encontraron de dónde sacarlos.