Sánchez, su esposa, la presidenta del Congreso y el fiscal general del Estado
En el mismo punto
El Gobierno no quiere reformar la ley para poner límites a la mujer del presidente
Después de 17 meses de instrucción, sigue intacta la máxima con la que ha operado Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente en 2018: como no está prohibido, está permitido
El Gobierno sigue encastillado en el mismo punto que al inicio de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, que comenzó en abril de 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ahora, como entonces, cuando los periodistas preguntan en la Moncloa si es de recibo que la mujer del presidente del Gobierno redacte cartas de recomendación a favor de un empresario del que recibe fondos para su cátedra extraordinaria, la respuesta es siempre la misma: «¿Por qué no?». Siguiendo la máxima con la que ha operado Gómez desde que su marido fue investido presidente en 2018: como no está prohibido, está permitido.
Después de 17 meses de instrucción; de tres querellas por prevaricación contra el magistrado archivadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; de cuatro declaraciones de la mujer del presidente del Gobierno ante Peinado por cinco supuestos delitos; de diversos informes de la UCO y de la Intervención General de la Administración del Estado; de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid; de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado algunas líneas de investigación del instructor y delimitado otras; de que la Fiscalía haya actuado como una segunda defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo; de que Peinado esté a punto de enviar a Gómez a un juicio con jurado por malversación… después de todo, Pedro Sánchez sigue sin tener la más mínima intención de clarificar las reglas del juego para que, en el futuro, una situación como la de Gómez no se repita.
Qué debería estar prohibido
En el Gobierno llevan 17 meses eludiendo un debate que subyace bajo el caso Begoña: la necesidad de regular la figura de la mujer del presidente, para esclarecer qué le está permitido y qué debería tener prohibido; para poner los límites. Y tampoco ahora tienen intención de abrir ese melón, según confirman fuentes gubernamentales. Desde la Moncloa señalan que, con las mujeres de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy siempre «se entendió como normal lo que es normal»: que tuvieran personal eventual contratado por la Secretaría General de la Presidencia a su servicio. También recuerdan que Ana Botella incluso preparó una campaña electoral desde el Palacio de la Moncloa (la de los comicios municipales de mayo de 2003, cuando entró como concejal del Ayuntamiento de Madrid, siendo Aznar aún presidente). Por tanto, señalan que el problema con Gómez no es que haya hecho nada malo, sino que van a por ella. Y de la teoría de la persecución judicial no salen.
La manera más fácil de regular la figura de la mujer del presidente sería con una reforma de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La norma que impulsó el PP en 2015 se ha quedado anticuada, sobre todo en lo relativo a la regulación de las puertas giratorias. En cualquier caso, esta ley incluye en la definición de conflicto de intereses de un alto cargo de la Administración General del Estado «los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad». La otra norma que Sánchez podría actualizar, y no lo hará, es la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, también de la época de Rajoy.
Sin embargo, el Gobierno no incluyó ninguna de esas modificaciones en el llamado Plan de Acción por la Democracia, que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre del año pasado y que contenía 31 medidas supuestamente para «mejorar la calidad democrática» (aunque en realidad se trataba de un amasijo de reformas legislativas que están todas por desarrollar por la precaria situación parlamentaria de los socialistas). Y tampoco previó hacer esas reformas al margen del Plan de Acción por la Democracia.
De hecho, desde entonces ha estado eludiendo esa regulación de la figura de la mujer del presidente y ahora el PSOE tampoco cree que sea el momento. Sumar no se lo ha pedido en este casi año y medio, ni tan siquiera los socios parlamentarios.
Entre medias, lo que sí hicieron los socialistas en enero de 2025 fue presentar una proposición de ley «frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», que así la denominaron. Una ley Begoña que no ha salido adelante por falta de apoyos -ni saldrá- con la que pretendían restringir la acusación popular, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa y añadir motivos para recusar a un juez.
