El informe de Hacienda desdobla la causa de la Fiscalía europea contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios

El informe que la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) aportaba a principios de esta semana a la Fiscalía Europea, en el marco de una causa en la que se investiga a Begoña Gómez y a su empresario de referencia y codirector de la cátedra de la Complutense (UCM) Juan Carlos Barrabés, ha significado el desdoble de las pesquisas relativas a las presuntas irregularidades en los contratos públicos de Red.es que obtuvo el segundo para su mercantil Innova Next.

Si bien, en un principio, fueron las cartas de recomendación redactadas por la mujer de Pedro Sánchez a favor de su gurú y amigo las que motivaron la apertura de diligencias penales por sendos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias contra ambos y, posteriormente, el grueso del caso quedó en manos de la Fiscalía europea, al entrar en juego la posible afectación de fondos europeos; ahora, tras la llegada del dossier de 303 páginas de Hacienda sobre la materia, se ha devuelto a la mesa del juez instructor Juan Carlos Peinado la competencia sobre una parte de las adjudicaciones: las que se refieren a una financiación en sede doméstica o a la parte de ella que corresponda en el total.

Además, y según ha podido confirmar El Debate, en función de las presuntas irregularidades detectadas, más de una docena, la IGAE ya trabaja en un nuevo informe centrado en si las mismas afectaron, también, a las condiciones relativas a la fase de ejecución -como parte de un procedimiento integrado de elaboración, aprobación y ejecución de los proyectos- en las adjudicaciones bajo sospecha.

No en vano, este segundo nivel de los contratos públicos es imprescindible para «garantizar la correcta y efectiva entrega de las prestaciones asignadas, en plazo». Un requisito que no sólo redunda en la «satisfacción de las necesidades que deben ser cubiertas» por quien obtiene el encargo sino que permite determinar si se «han respetado en todo momento las reglas de juego iniciales», según lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Cabe recordar cómo, por el momento, la IGAE apunta que ha detectado cerca de una decena de anomalías en las licitaciones que Red.es -dedicada a la promoción de la transformación digital de empresas- adjudicó por 8,4 millones de euros a la UTE conformada al 50% por una empresa de Barrabés.

El organismo mantiene que en los pliegos de licitación «el peso real de partida de los criterios evaluables y no evaluables» era del 42,86% y del 57,14%, respectivamente, por lo que «la valoración de las ofertas la debería haber realizado un comité de expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado».

«Sin embargo, incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente», recoge la Inspección en sus conclusiones.

De ahí que la Fiscalía europea no sólo determinase la procedencia de remitir el primero de los dictámenes al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo del grueso de la investigación, por si fuera de utilidad para acreditar el supuesto delito de corrupción en los negocios que dio origen a las actuaciones; sino que, el propio Ministerio Público comunitario, dada la amplitud de las actuaciones aceptó que, a propuesta de los técnicos del Igae, se desdoblasen los trabajos de fiscalización y que la fase de ejecución de los contratos de Barrabés, supuestamente avalados por Begoña Gómez, se revisaran y analizaran en un informe aparte que todavía está pendiente de conclusión.