Hacienda señala que un subordinado de Calviño modificó los contratos para favorecer a Barrabés tras la carta de Begoña Gómez

La Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), formada por peritos del ministerio de Hacienda, ha concluido en un informe que será remitido este lunes a la Fiscalía Europea que la adjudicación de 10,2 millones de euros a la UTE de Juan Carlos Barrabés se hizo en «fraude de ley» y aplicando «criterios ilegales». El documento señala directamente a Red, organismo dependiente del ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño, por haber reformulado las valoraciones técnicas que correspondían a un comité de expertos independiente.

El informe, al que ha tenido acceso El Debate, vincula esa intervención con la carta de recomendación firmada por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio de 2020. Una misiva que fue utilizada por Barrabés como aval en las licitaciones convocadas ese mismo mes y que acabaron en sus manos gracias a la decisión del organismo público. La mujer de Sánchez rubricó una carta en la que avalaba la solvencia y experiencia de Barrabés. Apenas unos días después, Red convocó dos concursos públicos financiados con fondos europeos en los que el empresario resultó adjudicatario a través de una UTE con The Valley Digital Business School. El importe conjunto ascendió a 10,2 millones de euros.

El informe de Hacienda recuerda esa coincidencia temporal y advierte que la influencia de la mujer de Sánchez fue decisiva para que el empresario obtuviera contratos que, según los peritos, se otorgaron vulnerando los principios básicos de igualdad y libre concurrencia. El documento pone en el centro de la polémica al entonces presidente de Red, David Cierco, subordinado directo de Calviño. Bajo su responsabilidad, el organismo asumió la valoración técnica de las ofertas y la modificó en contra de lo previsto en la normativa. Según los peritos, «la mesa de contratación asumió indebidamente funciones de valoración técnica procediendo a reformular puntuaciones que correspondían a un Comité de Expertos independiente». Esta frase es clave ya que, según Hacienda, Red manipuló el resultado para beneficiar a la UTE de Barrabés.

El informe sostiene que esa actuación constituye un «fraude de ley», porque se utilizó un procedimiento formalmente correcto —la intervención de la Mesa de Contratación— para encubrir un resultado contrario a la norma: que el organismo público decidiera quién ganaba en lugar de un comité técnico independiente. Además, los peritos subrayan que esa irregularidad no fue puntual, sino que se acompañó de la utilización de criterios distintos a los anunciados en los pliegos, algo que califican como «criterios ilegales».

Fondos europeos

Otro de los elementos que resalta el informe es la ausencia de trazabilidad en los documentos de valoración. Desde Hacienda han detectado informes contradictorios y cambios en las puntuaciones sin que conste justificación documental. En algunos casos, las valoraciones iniciales fueron modificadas posteriormente, lo que evidencia una intervención deliberada de Red para acomodar los resultados a favor de Barrabés.

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, decidió enviar estos contratos a la Fiscalía Europea al estar financiados con el Fondo Social Europeo. Será ahora este organismo el que determine si se abre un procedimiento penal, si se reclama la devolución de los fondos o si se amplían las diligencias contra los responsables de Red y contra los beneficiarios de las adjudicaciones.

El hecho de que el informe haya sido elaborado por peritos de Hacienda da un peso extraordinario a las conclusiones ya que es el propio Gobierno el que reconoce ante la Fiscalía Europea que los contratos fueron otorgados en fraude de ley. Además de la manipulación de las valoraciones técnicas, el informe señala que los pliegos introdujeron requisitos que actuaron como filtros excluyentes. Se exigió a las empresas contar con planes de igualdad cuando la ley solo obligaba a las de más de 150 trabajadores. Esta condición, calificada de «ilegal y discriminatoria», sirvió para apartar a competidores que podrían haber ofrecido propuestas más económicas o solventes.