Torres tenía un «interés desmedido» en controlar una cita con Delcy Rodríguez para montar una refinería de petróleo en Canarias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene en su poder conversaciones entre miembros de la trama que acreditan que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, tenía un «interés desmedido» en conocer todos los detalles sobre una cita que la red planeó con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Según las pesquisas policiales, aquel encuentro no era una simple reunión informal sino una operación diseñada para poner en marcha un ambicioso proyecto que consistía en la creación de una refinería de petróleo en las Islas Canarias.

La cita, que finalmente no se llevó a cabo, iba a desarrollarse en un chalet del exclusivo barrio madrileño de Conde Orgaz y estaba prevista para el 21 de enero de 2020, apenas unas horas después del conocido episodio de la madrugada del aeropuerto de Barajas, cuando Delcy Rodríguez fue interceptada en España a pesar de las sanciones europeas que le impedían pisar suelo comunitario. Entre el material que los investigadores analizan desde hace meses existen numerosas conversaciones de Koldo García, asesor de confianza del exministro José Luis Ábalos, con otros miembros de la red, en las que se subraya reiteradamente que Torres mostraba un gran interés personal en conocer los preparativos de aquel encuentro.

Según consta en el material intervenido a la trama, la operación se consideraba dentro del grupo como «un negocio de dimensiones colosales» con beneficios potenciales de varios cientos de millones de euros. En un borrador del proyecto al que ha tenido acceso este periódico, se detalla que la refinería iba a instalarse en terrenos de Tenerife y que iba a tener la capacidad para procesar petróleo venezolano y redistribuirlo a África y Europa, lo que habría convertido a Canarias en un enclave estratégico para el régimen de Nicolás Maduro.

El motivo por el que el encuentro no llegó a celebrarse fue que la vicepresidenta venezolana tuvo que abandonar España de manera abrupta tras la polémica generada por su presencia en Barajas. Sin embargo, Torres siempre ha negado cualquier tipo de vínculo con los implicados. Las conversaciones intervenidas apuntan a que el ministro dio «indicaciones expresas» para conocer «todos los datos posibles» de lo que, para la red, iba a ser «un pelotazo de proporciones bíblicas». Ese nivel de interés, insisten los agentes, no se corresponde con la supuesta distancia que Torres dice haber mantenido con el caso. La reunión, de la que José Luis Ábalos estaba plenamente informado, también iba a contar con la participación de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y hombre de la máxima confianza de María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.

El epicentro de la trama

Fernández Guerrero, que figura como imputado en el caso Aznalcóllar, acumula una larga trayectoria de polémicas en la gestión pública. El caso Aznalcóllar, recordemos, se refiere a una trama de corrupción derivada de la adjudicación irregular de una explotación minera en Andalucía, que además desencadenó una de las mayores catástrofes medioambientales registradas en España. Tras dejar el cargo, Fernández Guerrero recaló en la constructora Servinabar, una empresa con un 45% de su capital en manos de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y actual en prisión preventiva por su papel en la trama Koldo.

La presencia de Fernández Guerrero en el proyecto de la refinería reforzaba, a ojos de los investigadores, la conexión directa entre el núcleo del PSOE y la red empresarial que buscaba lucrarse con contratos públicos. A la cita también estaba convocado un trader especializado en operaciones petrolíferas internacionales, cuya función consistía en presentar las cifras del negocio, detallar la rentabilidad estimada y definir el reparto de beneficios. Este intermediario sería, según la documentación intervenida, quien tenía que canalizar los pagos y las comisiones a través de sociedades pantalla ubicadas fuera de España, una estructura similar a la empleada en otras operaciones investigadas por la UCO.

El informe policial en el que la Guardia Civil plasmará los contactos que Torres mantuvo con miembros de la trama ya está acabado y será entregado al juez instructor en las próximas horas. Fuentes próximas a la investigación aseguran que el documento incluirá un apartado específico sobre las gestiones realizadas desde la Presidencia del Gobierno de Canarias, en aquel momento bajo el mando de Torres, para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la red de corrupción.

El Ejecutivo canario adjudicó a Soluciones de Gestión contratos por valor de 12 millones de euros durante la primera etapa de la pandemia sin concurrencia y en plazos inusualmente breves. Para los agentes de la UCO, estas adjudicaciones buscaban que administraciones controladas por el PSOE sirvieran como fuente de ingresos estables otorgando contratos millonarios a empresas que, según los investigadores, eran el auténtico foco de las comisiones ilegales.