El Gobierno se aferra con más fuerza a su realidad paralela tras la capitulación de Podemos

En el juego del parchís, cuando comes una ficha de un oponente, cuentas 20. Esta semana el Gobierno ha actuado siguiendo la misma regla: le ha salido bien un Pleno y ha concluido que le quedan 20 meses de legislatura, los que faltan hasta agotarla.

Los socialistas andan crecidos desde que, el miércoles, sacaron adelante dos votaciones clave para la salud de Frankenstein: el real decreto ley del embargo de armas a Israel, en plenos prolegómenos del acuerdo de paz; y la Ley de Movilidad Sostenible. En ambos casos, gracias a que Podemos ladró mucho los días antes pero no mordió.

El acuerdo en torno a esta segunda norma llegó in extremis. «Siempre están apurando. Da la impresión de que en el PSOE no nos toman en serio cuando avisamos de que estamos dispuestos a llegar hasta el final», se quejaban desde las filas moradas al término del Pleno del miércoles. Y no van desencaminados, porque lo primero que hizo el ministro de Transportes después de llegar a un acuerdo con Ione Belarra y de la votación fue contradecir a ésta, negar que haya cambio alguno en el inicio de las obras de ampliación del aeropuerto del Prat.

Bienaventurados los mansos

La capitulación de Galapagar ha devuelto a Podemos al redil de Pedro Sánchez. Bienaventurados los mansos. Y, a los socialistas, les ha devuelto la confianza en sus posibilidades de seguir adelante con la legislatura y ahuyentar el runrún de un adelanto en 2026. Adelanto en el que quienes menos han creído estos meses han sido el PP y Vox. La actitud beligerante que venían mostrando los morados en los últimos meses tenía preocupados -por decirlo suavemente- al Gobierno y al resto de sus socios. En la Moncloa en ningún momento pensaron que Pablo Iglesias iba a romper la cuerda, pero sí a tensarla hasta los límites posibles de la gobernabilidad.

El elefante no se ha ido

Ahora los socialistas andan proclamando a los cuatro vientos la viabilidad de la legislatura, sumergidos en su realidad paralela. El miércoles les faltó salir del Congreso cantando «y si somos los mejores bueno y qué, bueno y qué» (sonrisas, abrazos, aplausos y felicitaciones varias ya hubo). Pero, en realidad, sus problemas siguen estando ahí. En lo político, ha transcurrido otra semana sin noticias de los Presupuestos Generales más veces anunciados de la democracia. En lo judicial, las nuevas revelaciones en torno al caso PSOE han estrechado un poquito más el cerco.

Diez días llevan los socialistas sin mostrar los extractos bancarios de las retiradas de dinero en efectivo con el que después pagaban a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que la semana entrante declararán nuevamente en el Tribunal Supremo. Diez días sin aclarar si, actualmente, Ferraz sigue funcionando con ese sistema, ni qué cargos del partido cobran las dietas en metálicos, ni cuántos. Diez días proclamando la legalidad y limpieza de unos pagos en efectivo que, cuanto menos, excedieron los límites de la ley de prevención del blanqueo de capitales (2.500 euros hasta junio de 2021 y 1.000 euros desde entonces). Y diez días pretextando que las operaciones con céntimos no pueden ser mordidas. Los corruptos redondean, por lo visto. Para colmo, esta semana la Complutense se ha personado como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez por apropiación indebida del software que Indra (con capital público), Google y Telefónica desarrollaron para la universidad.

Hay algo innegable. Sánchez ha ido sobreviviendo a año y medio de escándalos sin dar la más mínima explicación de nada. Y eso mismo pretende hacer en la comisión de investigación del Senado, en los últimos días de octubre (falta por cerrar la fecha). Alberto Núñez Feijóo ha decidido dar al fin el paso porque los populares tienen cada vez más claro que el PSOE va a acabar imputado por financiación irregular.

El jueves compareció en esa misma comisión la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Ésta recordó que el órgano de control trabaja con la información que le aportan los partidos, ni más ni menos. De manera que reconoció que, de haber una caja B en el PSOE, no podría descubrirla. Así que no es cierto, ni nunca lo ha sido, ese argumento de los socialistas de que están limpios como una patena porque así lo ha dicho el Tribunal de Cuentas.

Este lunes se reúnen los miembros de la comisión de investigación de la Cámara Alta para aprobar la inclusión de la comparecencia de Sánchez en el plan de trabajo. Un llamamiento que el presidente recibió con cierta altivez cuando Feijóo se lo anunció el miércoles. En el PP hay cierto vértigo ante ese interrogatorio trascendental, porque puede salir bien, regular… o mal. José Luis Ábalos se fue de allí tan pichi en mayo de 2024, con actitud triunfal. «Yo no tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo», declaró entonces. A Koldo García tampoco le fue mal, y no hace falta señalar que el presidente del Gobierno es infinitamente más hábil que el exasesor de las chistorras y los soles. Suenan los nombres de los senadores del PP Alfonso Serrano y Alejo Miranda para el interrogatorio, aunque la decisión será de Feijóo.

«¿Quieren que vaya? Ningún problema. Y declarará, faltaría más», reiteran en la Moncloa, como si el líder del Ejecutivo no llevara un año y medio sin pisar la Cámara Alta porque dice que el PP la utiliza en su contra. «Que esperen una buena comparecencia», auguró Patxi López, tratando de compensar la enorme metedura de pata que tuvo el martes, cuando sostuvo que el Congreso también pagas las dietas a los diputados en efectivo -mentira, es todo por transferencia-.

«Está desquiciado», señalan desde la dirección del PP, en alusión a Sánchez. «Un escándalo de esta naturaleza y encima se ríe de todo», añaden. El líder de la oposición se guarda otra baza: la citación de Begoña Gómez. Pero de esa no quiere hablar. De momento.