El Gobierno entierra la 'ley Begoña' definitivamente pero la enmascara dentro de otra

La aprobación definitiva del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en el Consejo de Ministros de este martes supone, en paralelo, la defunción de la llamada ley Begoña antes siquiera de nacer: aquella proposición de ley que el grupo parlamentario socialista registró en enero en el Congreso para tratar de intervenir la Justicia por la vía rápida ante el avance de los casos protagonizados por la mujer del presidente, su hermano y el fiscal general del Estado.

En vista de que la ley Begoña era inviable porque no tenía el apoyo parlamentario ni de Sumar, el Gobierno decidió introducir parte de su contenido enmascarado dentro de la reforma de la Lecrim que ahora aprobará y enviará al Congreso para su tramitación. Y así, de paso, matar dos pájaros de un tiro. O intentarlo al menos, puesto que está por ver el respaldo que este proyecto de ley concite entre los socios de Pedro Sánchez.

La reforma de la Lecrim tiene entre sus principales objetivos limitar la acusación popular, de manera que los partidos y asociaciones y fundaciones vinculados a estos, así como los sindicatos, las personas jurídicas y entes públicos no puedan ejercerla. Para el resto, la acusación popular se limita a un catálogo de delitos, no a todo el Código Penal.

Esta castración de la acusación popular ya figuraba en similares términos en el articulado de la malograda ley Begoña. Cabe recordar que el PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, el partido Iusticia Europa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales vienen ejerciendo la acusación popular en las causas relacionadas con el PSOE, la familia del presidente y Álvaro García Ortiz. Con la reforma de la Lecrim en vigor, ninguno de ellos podría haberse personado. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, siempre fue el que habló más claro sobre el objetivo real: «Hay que acabar con las filtraciones constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos, y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación, con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial».

Una diferencia sustancial

No obstante, hay una diferencia importante. La ley Begoña incluía una disposición transitoria única para que, en caso de aprobarse, se aplicara inmediatamente a los «procesos en curso». Es decir, al caso Begoña, al caso PSOE, al del fiscal general del Estado y al del hermano de Sánchez. Un punto muy cuestionado porque el Derecho Procesal no tiene efecto retroactivo. Aunque toda la iniciativa lo era, en realidad. Sin embargo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor el 1 de enero de 2028 si es que es aprobada por las Cortes, y, sobre el papel, no afectará a ningún procedimiento en curso hasta entonces.

Como ha contado El Debate, la nueva norma que verá este martes el Consejo de Ministros entrega la instrucción de las causas penales a los fiscales. Por tanto, la policía judicial, entre ella la UCO, queda bajo las órdenes de estos últimos.

Por su parte, la difunta proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, que así llamaron en realidad los socialistas a la conocida popularmente como ley Begoña, fue registrada en el Congreso el pasado 10 de enero. La Mesa del Congreso la calificó solo seis días después. Pero desde el 16 de enero está metida en un cajón: los socialistas ni siquiera se han atrevido a llevarla al Pleno para su admisión a trámite, que es la primera criba que hace el Congreso con las proposiciones de ley de los grupos, antes de que sean derivadas a una comisión. No han dado el paso porque sabían que no iba a pasar el corte.

Además de cercenar la acusación popular, también pretendía impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa y añadía motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse del juez Juan Carlos Peinado. Pero estos tres últimos objetivos no están en la reforma de la Lecrim.

En el congelador del Congreso, como ha venido informando este periódico, está también el polémico proyecto de ley orgánica con el que el Ejecutivo pretende modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Éste lleva más de cuatro meses varado en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, sin un solo avance ni visos de haberlos. Las condiciones de Junts, que pide a cambio de su apoyo la creación de una especie de tribunal supremo catalán, son uno de los escollos para una reforma contra la que buena parte de la Judicatura se manifestó a comienzos del verano. Y que incluso motivó una huelga.