El Gobierno aprobará este martes la ley que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la reforma legal por la que la instrucción de las causas penales pasará de los jueces a manos de los fiscales. Según ha adelantado el diario El País, el Gobierno acelera para sacar adelante su nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un proyecto contra el que ya alertó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el riesgo que supone entregar la instrucción judicial a una Fiscalía profundamente politizada y que tiene a su rostro visible imputado ante el Tribunal Supremo.

Según este diario, el proyecto prevé también una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que desvincularía el mandato del fiscal general a lo que dure la legislatura (pasando de cuatro a cinco años); y una limitación de la acusación popular, que es justo la que ha propiciado la investigación de algunos de los casos que cercan al entorno más cercano del presidente Sánchez. De acuerdo con la nueva norma, ni los partidos políticos ni los sindicatos podrán ejercer este derecho.

El pasado mes de diciembre de 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad un dictamen que alertaba de los peligros de esta reforma legal. En concreto, señalaba que solo debería realizarse si antes «se aborda una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que enfatice y fortalezca la garantía institucional de la independencia del Ministerio público». Y todo apunta a que la prolongación del mandato del fiscal general del Estado no es suficiente medida para garantizar su neutralidad a futuro.

«Resulta imperativo –dijeron a finales de 2024, en dicho dictamen– reforzar la independencia del Ministerio Público tanto en su dimensión externa, de modo que no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensión interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios orgánicos de jerarquía y de unidad de actuación».

A falta de conocer si la norma da pasos en la despolitización de la Fiscalía o si es solo una reacción a los casos de corrupción que acechan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, El País señala que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal será ley orgánica, por lo que sus siglas ya no serán Lecrim sino Loecrim.

Entraría en vigor en 2028

Esto, además de un cambio semántico, supondrá que el Gobierno necesitará reclutar una mayoría absoluta en el Congreso para que la ley salga adelante. A día de hoy, con la relación entre Junts y los socialistas gravemente herida (los separatistas se pronunciarán hoy al respecto) invita a pensar que no resultará sencilla su aprobación.

La norma, según la información de El País, cuenta con más de mil artículos y no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que solo afectará a las causas cuyas investigaciones se inicien a partir de esa fecha.

Debido a esa entrada en vigor postergada, esta nueva norma no afectaría al actual fiscal general del Estado, cuyo juicio por revelación de secretos contra Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) comienza justo la próxima semana, concretamente el 3 de noviembre.