Concentración de apoyo a la educadora social muerta
Piden seis años de internamiento para los acusados del crimen de la educadora social de Badajoz
Las acusaciones han rebajado a «cómplice» la calificación de la acusada, de 17 años
La tercera y última jornada del juicio por la muerte de la educadora social de Badajoz, Belén Cortes, producida el pasado mes de marzo en un piso donde menores cumplen las medidas judiciales impuestas, ha concluido este viernes con las conclusiones de las partes y en las que las acusaciones han pedido 6 años de internamiento para los tres acusados a pesar de que la acusación contra la chica ha sido rebajada de autora material a cómplice.
El abogado de la acusación particular, la de la familia de la educadora social, ha rebajado a cómplice la condición de la acusada, una menor de 17 años. De esta forma coincide con la que la tenía la Fiscalía. Y ha mantenido la acusación de autores materiales a los dos menores, de 14 y 15 años que también fueron detenidos por este caso.
Sin embargo, su petición de internamiento es la misma para los tres, 6 años. Esto se debe a que «la normativa de menores impone la posibilidad de pedir unos años u otros a tenor de la edad de los acusados», ha explicado el abogado de la acusación particular.
El letrado ha manifestado que la vista ha atestiguado además que «la única responsable civil en este procedimiento es la Junta de Extremadura», y ha apuntado que las cantidades solicitadas en concepto de indemnización para la familia de la fallecida rondan los 600.000 euros.
En este sentido, Montaño ha apuntado que el Ejecutivo autonómico, a tenor de lo expuesto por su representante en la causa, entiende que «no es responsable directo, sino subsidiario», pues el piso de cumplimiento de medidas judiciales donde murió la educadora era atendido a través de una subcontrata".
El Ministerio Fiscal ha mantenido su solicitud de seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, mientras que pide cinco años para la menor.
Por contra, el letrado de uno de los dos varones menores, José Duarte, ha aseverado que el desarrollo del juicio ha «corroborado» su petición de sentencia absolutoria en cuanto a la participación del menor en la muerte, pues esta circunstancia «no ha sido acreditada».
«Los hechos se podrían haber evitado», pues «la administración debe velar por los intereses de los menores», más si cabe «cuando se realizan denuncias y solicitudes de auxilio», ha dicho Duarte en referencia a las advertencias expuestas por los educadores en días anteriores a la muerte de la educadora en cuanto a falta de medidas de seguridad. «La responsable es la Junta de Extremadura», ha insistido.
Por su parte, el abogado Fernando Cumbres, letrado de una de las familias de los menores, ha sido crítico con la Administración autonómica, que es "a quien corresponde el deber de vigilar”, por lo que ha pedido que la responsabilidad civil sea abonada por la Junta de Extremadura.