TSJC de Canarias amplía la investigación en el caso 'Valka' e imputa a una edil de Las Palmas de Gran Canarias

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, a petición del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, ha dictado un auto este miércoles por el que amplía el conocido como caso 'Valka' imputando a la concejala del Ayuntamiento capitalino Inmaculada Medina (PSOE), así como al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines.

El juez, según se recoge en el auto, los cita a declarar en calidad de investigados como presuntos autores de delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso medial con delito de falsedad en documento público, delito de prevaricación administrativa y delito de fraude a la administración.

El juzgado investiga una presunta trama de corrupción desarrollada en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2015 y 2022, orientada a distraer fondos públicos mediante la emisión de «facturas falsas y sobrecostes superiores al 70%» del consumo real, sin verificación técnica ni control material del suministro de agua.

Sobre esto, el fiscal considera que la manipulación de los pliegos de prescripciones técnicas «permitió crear un marco contractual artificial que encubría la desviación sistemática de dinero público hacia la empresa contratista, con la connivencia» de los responsables técnicos y políticos municipales.

Fraude de 7 años

Además recoge que la reiteración de esta práctica durante más de siete años, pese a las «evidencias objetivas de la inexistencia» de control técnico, revelarían un conocimiento y una voluntad concertada con los responsables técnicos y el contratista para mantener el sistema fraudulento.

Finalmente, en lo que se refiere a la persona jurídica Guerra Patrimonial FGG S.L., se le atribuye haber presentado facturas mendaces correspondientes a los contratos, en las que se reflejaban volúmenes de consumo «falsos o inflados, sin respaldo de lecturas reales de contadores».

Así el TSJC entiende que la «confluencia de tales conductas, valoradas en su conjunto, integra indicios sólidos» de los delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsedad en documento público, prevaricación administrativa, fraude a la administración y, en el caso de la entidad mercantil, cohecho.