La UCO registra sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla dentro del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo este viernes registros en las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, dentro de la investigación judicial conocida como caso Koldo. Los agentes de la UCO se encuentran en sedes de la empresa en Bilbao y Madrid por una diligencias declaradas secretas en una pieza separada de la instrucción del Tribunal Supremo. Las diligencias se enmarcan en la búsqueda de indicios sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

Los registros forman parte de las actuaciones ordenadas por la Audiencia Nacional, en una diligencia en la que no se prevén detenciones. Suponen un avance relevante en una causa que sigue ampliándose a nuevas adjudicaciones, sociedades y responsables públicos. Según fuentes del caso, Acciona aparece mencionada en alrededor de 200 ocasiones en el informe de la UCO que derivó en la dimisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Esa reiteración de referencias motivó que los investigadores profundizaran en la relación entre responsables de la firma, cargos del partido y personas vinculadas al Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos.

Las pesquisas sitúan el origen de las relaciones entre Koldo García, Santos Cerdán y directivos navarros de Acciona en los primeros contactos relativos a la adjudicación de las obras del túnel de Belate, en Navarra. A partir de esos vínculos iniciales, la UCO detectó una serie de coincidencias y comunicaciones que levantaron sospechas sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.

Aunque en esta fase de la investigación no se han presentado acusaciones formales contra la empresa, los agentes trabajan sobre la hipótesis de que la confluencia de personas vinculadas al Ministerio y a la estructura del PSOE pudo influir en determinadas adjudicaciones públicas. El análisis de la documentación intervenida busca determinar si existió algún tipo de trato de favor o intercambio ilícito de información relevante para concurrir a los contratos.