La verdad revelada en el juicio contra García Ortiz: el «dominio» del fiscal general desde la noche de autos al borrado de datos

Un fiscal general sentado en el banquillo de los acusados por, presuntamente, revelar datos confidenciales de un ciudadano particular, como parte de una guerra sucia orquestada, desde una institución del Estado y, por lo tanto, con cargo a recursos públicos, para perjudicar la imagen de una rival política. Podría haber sido la trama de una novela de John Le Carré de no haber presenciado en directo, con luz y taquígrafos, el diario de las seis sesiones de la causa especial celebrada en el Supremo contra Álvaro García Ortiz.

Dos semanas de interrogatorios, testimonios, evidencias documentales, periciales que han servido para conformar el criterio del tribunal y determinarán, tras las deliberaciones a puerta cerrada, el futuro procesal y profesional del máximo titular del Ministerio Público retratado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como un delincuente común. No en vano, García Ortiz borró los mensajes de su móvil el mismo día, 16 de octubre de 2024, que supo que había sido formalmente imputado por el Alto Tribunal. «No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación», lamentaban los agentes.

La imagen de un fiscal general del Estado, cargo público encargado de defender la legalidad, borrando datos como si se tratase del dueño de la Institución, en lugar de un hombre al servicio de su cargo que debe proteger la información confidencial y no traficar con ella, se presentaba como uno de los indicios más cualificados del juicio, prueba en si misma –por boca, además, de un total de once miembros de la UCO– que, como mínimo requiere una explicación convincente en contrario, que no se producía.

García Ortiz habló sobre cómo para él resetear un terminal, que no reseteó, por ejemplo, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, gracias a cuyo móvil se pudo extraer una parte del rompecabezas de lo sucedido en la Fiscalía entre los días 12 y 14 de marzo de 2024, era una cuestión habitual. Pero, si las razones de cautela a las que apeló, por la sensibilidad del contenido almacenado en sus teléfonos, fuese cierta, entonces, ¿no debería borrar los datos a diario para eliminar cualquier riesgo?, ¿siendo tan experto tecnológico como pareció aparentar, el fiscal general no conoce el acceso cifrado o el bloqueo automático?, ¿es pura casualidad que se apresurase a manipular sus dispositivos exactamente el mismo día en el que conoce que es sospechoso de la comisión de un delito?.

La verdad es que García Ortiz pidió de urgencia, en una «espiral frenética» de comunicaciones internas, los correos intercambiados entre el abogado del novio de Díaz Ayuso y el fiscal Julián Salto, que tuvo que enviarlos de noche y salir de un partido de fútbol para hacerlo, para rebatir una noticia publicada en El Mundo. Se da cuenta de que en la batería de comunicaciones que le han rebotado no está el mail clave, el del 2 de febrero en el que «ciertamente» el letrado de Alberto González Amador parece reconocer dos delitos tributarios, e insiste en recibirlo. Cuando ya lo tiene en su poder, por fin, y no antes, varios medios de comunicación publican la información contradictoria, como explicaron los investigadores policiales: «Todo lo que se ha filtrados estaba en poder de la Fiscalía General del Estado. No hay nada que salga en prensa antes de que llegara a manos del fiscal general y su equipo la documentación clave».

Hasta tal punto que algunos de los periodistas que encabezan las exclusivas de la noche del 13 de marzo anticipan, incluso, que la Fiscalía está preparando una nota de prensa, que se terminará de redactar esa misma madrugada, y que la propia responsable de comunicación de la Carrera, Mar Hedo, reconoce que se confecciona al dictado del fiscal general, en los aspectos clave de la filtración. Esto es, los entrecomillados con la información sensible sobre un particular que replican, también, los medios, con mayor o menor detalle y entre los cuales hay intercambios de llamadas con García Ortiz que, «a todos los niveles tuvo el dominio material de los hechos».

No será, sin embargo, hasta la mañana del día 14 cuando se lance la nota de prensa de la polémica, con el sello de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras la negativa de la Superior de hacerse cargo de aquel texto con su membrete, incluso bajo amenaza de dimisión del jefe de prensa del Departamento. Será, de hecho, la fiscal autonómica Almudena Lastra quien plante cara a los planes de García Ortiz a quien pide explicaciones y al que afea que hayan «filtrado» el contenido reservado de un ciudadano. «Eso ahora no importa», le responde García Ortiz que no niega las acusaciones.

Ese mismo día, en paralelo, una entonces alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, remite al ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, un pantallazo del correo filtrado unas horas antes a la prensa que, por primera vez, se puede visualizar en fondo y forma como un solo elemento. Sánchez Acera le pide a su compañero que lo use contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, pero el se niega, de entrada y se queja, de hecho en un chat paralelo, porque desconoce su origen y sospecha que pueda tratarse de una filtración de la Fiscalía y, por lo tanto, de una revelación de secretos.

Sánchez Acera insiste, en que el asunto «está en los medios» aunque, en realidad, no estaba como tal en ninguno de ellos y, por esta misma razón, articulan una suerte de «respaldo» para que Lobato pueda exhibirlo sin temor a incurrir en irregularidades. Será El Plural el medio encargado de mostrar, por primera vez, el documento en su totalidad y su directora, Angélica Rubio la que llame en esos mismos minutos clave al jefe del PSOE de Madrid para darle instrucciones sobre cómo utilizarlo. Un «doble circuito» por el que se canalizaron, según la UCO, las informaciones reservadas del novio de Díaz Ayuso.