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El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada para comparecer durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). El exministro de Transportes llega hoy a la cámara alta para determinar si tenía o no conocimiento de la presunta corrupción en la compra de mascarillas de Koldo García.

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
06 MAYO 2024;MADRID;ÁBALOS;CASO KOLDO;COMPARECENCIA;PANDEMIA;COVID 19;SENADO
06/5/2024

(Foto de ARCHIVO) El exministro de Transportes José Luis ÁbalosEuropa Press

Tribunales

Anticorrupción solicita una condena de 24 años de cárcel para el ex ministro José Luis Ábalos

El que fuera titular del Departamento de Transportes, y secretario de Organización del PSOE ha sido procesado, en el Supremo, por un total de cuatro delitos, dentro de la primera pieza del 'caso PSOE' que salpica de corrupción al Gobierno

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se sentará en el banquillo de los acusados por un total de cuatro delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación para los que la Fiscalía Anticorrupción prepara un informe inicial de acusación que contempla penas de prisión que superarían los 20 años, según ha podido confirmar El Debate. La elevada petición del Ministerio Público no se circunscribe, únicamente, a las compras irregulares de mascarillas, punto de partida de las investigaciones sobre Ábalos; sino que, también, incluye la contratación de varias ex amantes y amigas del exministro en empresas públicas dependientes de Adif, como Ineco y Tragsa, en el caso de Jessica Rodríguez, que reconoció no haber ido a trabajar; o, la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa, en Cádiz.

Por su parte, la Fiscalía solicita una condena de 19 años y medio de prisión para Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos, por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, y a siete años al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.

Una valoración en la que se ha tenido en cuenta no sólo que, en su caso, no se trataba de un cargo público sino, además, la atenuante de colaboración con la Justicia ya que muchas de las afirmaciones hechas por Aldama han servido para ampliar el radar de los investigadores. Asimismo, reclama para ambos, como para Ábalos, una multa de 3,8 millones de euros.

Como ha informado El Debate, Anticorrupción ha pedido al Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro, por los cinco presuntos delitos que le atribuye, tras conocer la decisión por la que, el pasado 3 de noviembre, el magistrado instructor Leopoldo Puente procesaba al exministro de Transportes, su exasesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, principal corruptor de la trama investigada, entre otros motivos, por los contratos irregulares de material sanitario que se formalizaron durante la pandemia de COVID.

Ahora, en respuesta al auto de 47 páginas notificado por el juez Puente, el Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones preliminares, en el que se elevan las posibles sanciones hasta superar los veinte años de cárcel y se solicitan algunas nuevas diligencias a practicar en los próximos días.

Un escenario que la defensa de Ábalos ha tratado de evitar, por su parte, instando la nulidad de lo actuado, hasta la fecha, pese a que el que fuera número tres de Organización de Pedro Sánchez en Ferraz, sigue siendo investigado en la trama de corrupción conformada para el amaño de obra pública a cambio, presuntamente, a cambio de 'mordidas'.

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