Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general inidóneo, condenado por desviación de poder y culpable

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegaba a la cúpula de la institución de la mano de su amiga, la también fiscal, Dolores Delgado. Antes de su ascenso meteórico, García Ortiz, que había ingresado en la Carrera por oposición, en 1998, sólo había destacado, ligeramente, como uno de los fiscales del 'caso Prestige', una de las catástrofes naturales más graves que se han producido en nuestro país, en las costas de Galicia. Tras trabajar como segundo de abordo de Delgado, en los primeros años de mandato de ésta, García Ortiz era propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para sucederla, en julio de 2022, tras la dimisión anticipada de la jurista por motivos de salud.

Así las cosas, el 1 de agosto de 2022, el Consejo de Ministros socialista lo nombró máximo titular del Ministerio Público, cargo del que tomó posesión el 2 de agosto ante el rey Felipe VI. En ese momento, contaba con el aval del Consejo General del Poder Judicial, con 12 votos a favor y 7 en contra.

Sin embargo, su llegada al puesto no estuvo exenta de amargas críticas por su cercanía al Gobierno socialista. No en vano, durante su etapa como fiscal de base en Galicia, encargado del Departamento de Medio Ambiente, ya había participado, el 14 de diciembre de 2019, en un acto político del PSOE regional, bajo la premisa de cooperar en un laboratorio de ideas convocado por los socialistas gallegos en un hotel de Santiago de Compostela. Poco tiempo después de su designación sería el propio Pedro Sánchez el que manifestase, públicamente, el servilismo del capitán de la Fiscalía a la causa del Gobierno, comprometiendo cualquier mínima apariencia de independencia e imparcialidad que pudiese quedar vigente para la Institución, que se había resentido, profundamente, entre otros motivos, con la política de nombramientos de Dolores Delgado que continuó, agravada, García Ortiz, para promocionar, sin disimulo, a los candidatos afines de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que él mismo había presidido en una etapa anterior.

Con estos mimbres, en noviembre de 2023, ante la necesidad de renovar su mandato, tras el sí de los nacionalistas, la extrema derecha y los herederos políticos de ETA a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitía un dictamen no vinculante -por 8 votos frente a 7-en el que García Ortiz e convertía en el primer fiscal general del Estado en ser declarado «inidóneo» para del desempeño del cargo, argumentando la falta de consenso en la Carrera fiscal sobre su papel como máximo responsable de la misma y planteando muchas dudas sobre su imparcialidad.

A pesar de ello, el Ejecutivo de Sánchez lo renombró, el 27 de diciembre de 2023, generando una reacción adversa no sólo en la opinión pública y en el seno de la Fiscalía sino, además, desencadenando varios recursos ante el Supremo, por parte de asociaciones de fiscales como la APIF que alegaron la existencia de irregularidades manifiestas en el procedimiento de reelección de García Ortiz para el ejercicio del cargo.

En mayo de 2024, el Senado, instó su reprobación, simbólica, en una moción apoyada por los 144 votos de Partido Popular, UPN y Vox, en la que se exigía, además, su «cese inmediato» ante «el incumplimiento de sus funciones».

De hecho, ya por aquel entonces estaba sobre la mesa uno de los primeros escándalos graves que han salpicado a García Ortiz durante su mandato y que surgió de su gestión de los ascensos en la Fiscalía. En julio de 2024, el salmantino impulsó el nombramiento de su antecesora y amiga, Dolores Delgado -que llegó y salió del cargo como fiscal de segunda categoría- para una plaza de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, ligada a la jurisdicción militar, ignorando al candidato más votado en el Consejo Fiscal, con mayor experiencia en la materia y mejor posicionado en el escalafón. Así las cosas, las entidades profesionales decidieron recurrir a la Justicia y, finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló la designación, declarando que había existido «desviación de poder» por parte del fiscal general. Esto es, el objetivo de aquella decisión no era cubrir la vacante de forma meritocrática, sino favorecer descaradamente a su mentora y amiga, Dolores Delgado.

Ésta sería la primera sentencia en contra de un fiscal general en ejercicio por abuso de funciones, lo que erosionó su credibilidad y avivó las acusaciones de politización de la Institución, desde su llegada a la misma. La condena resultó premonitoria.

Y es que, el episodio culminante en toda esa trayectoria de despropósitos y despotismo, del que García Ortiz ha venido haciendo gala desde su llegada, sería el caso de la filtración de datos tributarios de un ciudadano particular, Alberto González Amador, por el mero hecho de mantener una relación de pareja con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba siendo investigado por fraude. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que varios correos electrónicos con información reservada sobre el patrimonio de Gonzáles Amador, habían circulado en marzo de 2024 desde la Fiscalía hacia varios medios de comunicación, y fueron reflejados en una nota de prensa, divulgada con membrete institucional, coincidiendo con el arranque de una 'operación' política destinada a desacreditar a una adversaria.

Así las cosas, previa denuncia penal instada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la querella presentada por el propio perjudicado, en octubre de 2024, el Supremo abría diligencias contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, de acuerdo con la exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se inhibía de las pesquisas iniciales al tratarse el fiscal general de un aforado que, en este contexto, se convertía en el primer y único en activo, investigado en el ámbito penal.

La UCO, previa autorización del magistrado instructor designado por el Alto Tribunal, el juez Ángel Hurtado, registró su despacho en una entrada inédita en la que se acabó confirmando la eliminación de pruebas. De hecho, los agentes encargados del caso declararon durante el juicio abierto a García Ortiz que éste había borrado, hasta en dos ocasiones, su terminal móvil, el mismo día en el que supo que estaba formalmente imputado, el 16 de octubre de 2024. No sólo se eliminaron mensajes de WhatsApp clave, atribuidos a un inexistente «protocolo de seguridad», sino que se formatearon varios terminales y se canceló la cuenta personal de Google (gmail) en la que García Ortiz recibió, la noche del 13 al 14 de marzo de 2024, el mail de la polémica.

El juicio, celebrado entre los días 3 a 13 noviembre de este 2025 incluyó un total de 40 testigos y evidencias irrefutables de que actuando en connivencia con Moncloa, la Fiscalía reveló datos reservados de un ciudadano, siendo que García Ortiz sólo pudo acceder a ellos por razón de su cargo. Tras un total de 6 sesiones públicas, el 20 de noviembre de 2025 el supremo condenaba al fiscal general por la revelación de los mismos: 2 años de inhabilitación para el ejercicio de su puesto, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a González Amador, como parte de la responsabilidad civil derivada del delito. La primera condena penal a un fiscal general en ejercicio.

García Ortiz tendrá que irse, en los próximos días, sin que ello evite la crisis en un Gobierno en descomposición que ha visto cómo la caída de su fiscal general acelera la salida del sanchismo y marca el fin de una etapa de tres años plagada de tensiones entre Fiscalía, Poder Judicial y Ejecutivo. Su legado quedará, por tanto, como claro ejemplo de la politización percibida de la Justicia española en la era Sánchez.