El Gobierno contiene la respiración ante el cerco del Supremo a tres de los cuatro integrantes de la trama del Peugeot

El Supremo decidirá, esta mañana, si como todo apunta a que solicitará la Fiscalía Anticorrupción, decreta prisión provisional para el que fuera el número dos del PSOE José Luis Ábalos, quien defendió la moción de censura, en contra de la corrupción, y el mismo día en el que el Gobierno perderá la votación del techo del gasto, en el Congreso.

Apenas un día después de que, tras la primera 'advertencia política' del que fuera su asesor Koldo García Izaguirre a sus antiguos compañeros de partido, Ábalos confirmase que Pedro Sánchez se reunió con Arnaldo Otegui, líder de EH Bildu, para negociar el apoyo de la izquierda abertzale a su segunda investidura a la Presidencia del Ejecutivo, en un caserío de Bilbao, Moncloa contiene la respiración. No en vano, tres de los cuatro integrantes de la presunta trama del Peugeot, están cada vez más acorralados por la Justicia que, en las últimas horas, ha estrechado todavía más el cerco sobre el dinero de los socialistas.

Así las cosas, la Audiencia Nacional, a instancias del Alto Tribunal, empezaba ayer a investigar la presunta financiación irregular del PSOE, reclamando a Ferraz los pagos en metálico que recibieron dirigentes como el propio presidente del Gobierno. Y, entre los que, de haberse producido, como apuntan todos los indicios, podría conocerse si la reunión con los herederos políticos de ETA, entre otros eventos, fue pagada con cargo a la caja del partido. Una nueva línea de instrucción que arranca después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditara que los pagos sin soporte documental comenzaron cuando Sánchez regresó a Ferraz en 2017, como secretario general de los socialistas, tras una campaña de primarias que tampoco ha quedado clara en materia de financiación.

Precisamente, a partir de las 10.00 horas, en el Juzgado Central de la AN, el juez Ismael Moreno ha citado al principal comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, para que declare como investigado por los contratos de mascarillas adjudicados, supuestamente de manera irregular en pandemia, por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Moreno acordó las declaraciones de Aldama y Koldo a petición de la Fiscalía después de recibir el informe policial que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama situada en el epicentro de la presunta «organización criminal» que campaba a sus anchas en el Ministerio de Transportes. Ambos figuran como investigados desde que estalló la causa, en febrero de 2024.

Por otra parte, el Supremo, donde hoy se celebra la vista solicitada por Anticorrupción, para revisar las medidas cautelares impuestas a Koldo y Ábalos, ante el incremento del riesgo de fuga, por la proximidad del primero de los banquillos en los que tendrán que sentarse y lo elevado de las penas solicitadas para ambos (19 y 24 años de cárcel respectivamente) ha complicado, y mucho, el futuro procesal de tres de los cuatro integrantes del clan del Peugeot. Dos de ellos se enfrentan –después del ingreso de Santos Cerdán, durante cinco meses, en la madrileña cárcel de Soto del Real– no sólo a la posibilidad de perder su libertad sino, además, al futuro pago de una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han cuantificado la petición de condena para De Aldama, en 7 años de prisión, al considerar que se le debe aplicar la atenuante de confesión por su «actitud colaboradora» para esclarecer los hechos y descubrir actuaciones presuntamente delictivas de Ábalos y Koldo. Para él, de hecho, ninguna de las partes ha pedido la celebración de vista para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes.