El juez sostiene el riesgo de fuga de Ábalos en el inmueble de Perú que desveló El Debate y que él negó: «La fantasía es tremenda»

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exministro José Luis Ábalos, tras considerar que existe un riesgo de fuga de carácter «extremo». El auto judicial fundamenta esta decisión en la combinación de diversos elementos que, a juicio del magistrado, pueden facilitar que el acusado se sustraiga a la acción de la justicia. Entre esos elementos figuran tres investigaciones de El Debate: la existencia de un inmueble a su nombre en Chimbote (Perú), las actuaciones de Fiadelso, la ONG del exministro, en varios países de Hispanoamérica y los movimientos económicos de su hijo en Colombia.

La vivienda peruana, desvelada hace ocho meses por este periódico, es una propiedad valorada en 1,2 millones de euros que continúa en la actualidad inscrita a nombre de Ábalos y de un empresario valenciano. El Debate documentó que la compraventa del inmueble se formalizó en la notaría de Bernabé Zúñiga Quiroz y que el exministro se identificó con su DNI y no con el pasaporte para evitar que la operación inmobiliaria trascendiera a nivel internacional. Los documentos oficiales demostraron además que la vivienda fue construida con fondos públicos destinados a proyectos de cooperación que fueron canalizados a través de la fundación Fiadelso. Cuando este periódico publicó la exclusiva, Ábalos declaró en El Programa de Ana Rosa de Telecinco: «La fantasía es tremenda». De la misma manera, negó tener ninguna inversión inmobiliaria en Hispanoamérica. Sin embargo, el auto dictado ahora por el Supremo alude de forma expresa a la existencia de patrimonio en la región como un elemento que incrementa la capacidad de fuga.

Otro de los factores que el juez incorpora a su análisis es la existencia de una estructura internacional que gira en torno a Fiadelso, fundación del propio Ábalos. Esta ONG desarrolló proyectos financiados por administraciones españolas en Perú, Ecuador, República Dominicana y México, recibiendo cerca de cinco millones de euros en subvenciones públicas durante su periodo de actividad. Además, una parte relevante de los cargos internos de la organización estuvo ocupada por personas del entorno personal y familiar de Ábalos, incluidas dos de sus exparejas, su hija y su exsuegro. Para el magistrado del Supremo, esta red de actividades y relaciones internacionales constituye un elemento objetivo que debe ser valorado a la hora de determinar la capacidad del investigado para establecerse fuera de España si decidiera no comparecer ante el tribunal.

La resolución judicial también dedica atención a los movimientos económicos detectados durante la investigación y que, según recoge el auto, indican que Ábalos pudo disponer de importantes cantidades de dinero en metálico no registradas en sus cuentas bancarias. La Guardia Civil comunicó al Supremo diversas conversaciones intervenidas en el marco de la causa en las que colaboradores del exministro mencionan ingresos provenientes de empresas radicadas en Colombia y presuntas entregas periódicas de efectivo gestionadas por su hijo.

El papel de su hijo

En una de las conversaciones incorporadas al sumario, el propio Ábalos reconoce que su hijo le entrega cantidades en metálico procedentes del extranjero. Según la documentación remitida por la UCO, estas entregas mensuales oscilaron entre los 900 y los 4.000 euros y alcanzaron una cifra acumulada de 470.000 euros en dos años. Para el juez, este conjunto de datos refleja la existencia de recursos financieros no sujetos a control bancario y que, por lo tanto, podrían facilitar una eventual salida del territorio nacional.

El auto señala además que la proximidad de la apertura de juicio oral y las elevadas penas solicitadas por las acusaciones incrementan el riesgo de incomparecencia. La Fiscalía solicita para Ábalos un total de 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, mientras que las acusaciones populares solicitan penas aún superiores. El magistrado subraya que, en caso de condena, la sentencia del Supremo sería firme debido a la condición de aforado del investigado, lo que generaría un incentivo adicional para la fuga. Por todo ello, la resolución concluye que las medidas cautelares de carácter menos gravoso que se habían impuesto hasta la fecha ya no resultan suficientes para garantizar la presencia del acusado en el proceso penal.

El auto no introduce valoraciones personales ni juicios de intenciones, sino que describe de manera detallada los elementos que, desde un punto de vista estrictamente objetivo, considera acreditados en la causa. Entre esos elementos se incluyen el patrimonio en el extranjero, la red operativa internacional vinculada a la actividad del investigado en Fiadelso, la disponibilidad de recursos económicos procedentes de terceros países, la gravedad de los delitos imputados y la inminencia del juicio oral. Con base en todos ellos, el magistrado resuelve que la única medida adecuada para asegurar la eficacia del proceso es la prisión provisional del exministro.