El Gobierno se prepara para recibir el siguiente golpe de Junts pese al cortejo de Sánchez

Dicen en la Moncloa que el cambio de Pedro Sánchez respecto a Junts responde a la necesidad de abrir la «segunda parte de la legislatura». Pero, en realidad, el problema del presidente es que la legislatura está en un punto crítico, política y judicialmente. Su problema es quedarse sin legislatura de la que abrir la segunda parte.

El presidente del Gobierno sorprendió ayer arrodillándose ante Carles Puigdemont -en sentido figurado- para pedirle que le deje seguir gobernando, después de un mes de bloqueo total de los independentistas a la legislatura. Al menos sobre el papel, porque en la práctica a mediados de noviembre Junts salvó el calendario de cierre de las centrales nucleares del Gobierno al votar en contra de una enmienda del PP para alargar la vida útil de Almaraz. Y también después de un mes oyendo a los socialistas minusvalorar el cerrojazo de Junts y sus motivos.

Lejos de abrirle los brazos, el partido de Puigdemont respondió que no se cree nada. Ahora que Sánchez ha empezado a pasar por el aro, Puigdemont quiere más. La debilidad del presidente es directamente proporcional a las ganas de Junts de exprimirlo. Los independentistas no se conforman con las tres medidas que el Consejo de Ministros aprobó este martes en un real decreto ley y los otros compromisos: quieren que reabra todas las carpetas pendientes.

Este miércoles, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha convocado una rueda de prensa para dar más detalles. Pero en su agenda siguen: la oficialidad del catalán en las instituciones europeas; las leyes para endurecer las penas por multirreincidencia y con medidas contra las ocupaciones ilegales impulsadas por Junts; la Hacienda catalana (la gestión del 100 % de los impuestos); la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña; la financiación singular; y la quita de la deuda. Sin olvidar el empujón definitivo al regreso de Puigdemont a España.

La primera prueba de fuego será la semana que viene, y el Ejecutivo sabe que la tiene perdida. Cuenta con ello, según reconocen fuentes gubernamentales. El Congreso votará el jueves próximo, y por segunda vez en dos semanas, la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda. Junts volverá a votar en contra y a tumbarla, los socialistas lo tienen asumido.

Será el último Pleno del año y el Gobierno saldrá de él con otra derrota, por muchos ramos de rosas que envíen a Puigdemont en forma de: transferencias pendientes, autorización a los ayuntamientos y comunidades para gastar el superávit de 2024 y aplazamiento de un año en la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos, las tres medidas aprobadas este martes por el Ejecutivo.

Pero, para amortiguar esa derrota, los socialistas han metido en el orden del día de ese último Pleno del año otras dos votaciones que saben que ganarán y una tercera que parece que también, con permiso de Podemos. Para poder decir que el vaso está más que medio lleno.

Una es la convalidación de un real decreto ley con ayudas para los afectados del volcán de La Palma aprobado el 25 de noviembre. La segunda es la del real decreto ley que desarrolla la subida del sueldo a los funcionarios pactada con los sindicatos. Y la única votación pendiente del visto bueno de Podemos, que ayer empezó a poner algunas pegas, es la del real decreto ley hecho a medida de Junts de este martes. Sorprende la premura, puesto que el Ejecutivo dispone de 30 días para convalidarlo en el Congreso, pero tiene su lógica: así la Moncloa podrá mantener su idea inicial de no tener que convocar ningún pleno extraordinario en enero (mes inhábil en el calendario ordinario de sesiones) y estar hasta la segunda semana de febrero sin actividad parlamentaria, ganando tiempo, como adelantó El Debate el pasado sábado.

Misma senda... mismo resultado

Por lo que se refiere a la senda, el Consejo de Ministros volvió a aprobar ayer los mismos objetivos de deuda y déficit que el Congreso echó atrás el pasado jueves por 164 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria), 178 en contra (PP, Vox, Junts y UPN) y 5 abstenciones (Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó). Ello antes de llevarlos la próxima semana al Pleno por segunda vez.

La ley establece que el Gobierno ha de hacer dos intentos en la Cámara Baja antes de renunciar a esos objetivos y elaborar los Presupuestos con los que estén en vigor en ese momento (en este caso, del 2022). En este punto, el Ministerio de Hacienda podía haber intentado negociar con Junts unas cifras que los siete diputados de Junts estuvieran dispuestos a aprobar, pero ya era demasiado tarde y las exigencias de estos, demasiado altas. A los independentistas les parece calderilla el déficit del 0,1 % que María Jesús Montero ha previsto para las comunidades en 2026, 2027 y 2028.

Junts va a hacer sudar a Sánchez, pero en la Moncloa creen que «merece la pena» intentar resintonizar la legislatura. La otra opción es peor para ellos.