Los ministros Óscar López y Pilar Alegría, durante la rueda de prensa de este martes
En busca de perdón
El Gobierno añade otra transferencia al 'ramo de rosas' enviado por Sánchez a Puigdemont
Cataluña volverá a gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional, como lo hacía hasta que Rajoy cerró ese grifo
Después de un mes minimizando la crisis con Junts, al Gobierno le han entrado las prisas por encauzar cuanto antes la relación con los de Carles Puigdemont. A las medidas adelantadas este martes por Pedro Sánchez en dos entrevistas con RAC1 y La 2Cat se suma una más.
El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la Ley reguladora de bases de régimen local para devolver a Cataluña una competencia que suprimió el Gobierno de Mariano Rajoy: gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional, entre los que se encuentran interventores, secretarios y tesoreros.
La medida va incluida en un real decreto ley, junto con otras dos: que los ayuntamientos y las comunidades puedan gastar el superávit de 2024 en proyectos que no conlleven un gasto corriente (como construcción de viviendas o gestión de agua) y un aplazamiento de un año en la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que se trata de una competencia «esencial» para Cataluña, puesto que es la comunidad que más plazas vacantes de funcionarios tiene y más problemas para cubrirlas. Según el Gobierno, este compromiso se pactó en una reunión bilateral celebrada en febrero y llevaba pendiente de ejecución desde entonces.
En la rueda de prensa, la portavoz no quiso reconocer lo que es evidente: hay un cambio de actitud con Junts, fruto de la necesidad. El Ejecutivo se pasó todo el mes de noviembre con el discurso de que «el Gobierno cumple con sus compromisos» para, de pronto, admitir que hay «incumplimientos» y hacer propósito de enmienda.
Preguntada al respecto, Pilar Alegría señaló: «Somos un Gobierno progresista en minoría que es perfectamente consciente de cuál es la complejidad parlamentaria que tenemos. Y eso nos lleva a exprimir al máximo la principal herramienta que tenemos, que es el diálogo (…). El Gobierno tiene una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta contempla también cumplir con los compromisos. Hoy hemos dado un paso con este real decreto ley».
El giro de guion de Sánchez ha sido recibido con sumo escepticismo por parte de Junts. Fuentes de la dirección consultadas por Efe no lo ven «creíble» y exigen al presidente que materialice «todo lo pendiente», no solo una parte.
